Bruselas abre procedimiento contra Polonia por su reforma judicial

A la Comisión Europea se le ha terminado de nuevo la paciencia con Polonia. Este 3 de julio entra en vigor la reforma sobre el Tribunal Supremo de Polonia que forzará a un tercio de los jueces polacos a jubilarse, incluida su presidenta Malgorzata Gersdorf, al rebajar la edad de retirada de los 70 a los 65 años. Una medida que a juicio del Ejecutivo comunitario pone en riesgo la independencia judicial en el país. Tras meses de diálogo y visitas infructuosas a Varsovia, Bruselas ha decidido lanzar in extremis el procedimiento de infracción con carácter de urgencia.

“La Comisión tenía la esperanza de resolver esta cuestión a través de diálogo político. Sin embargo, dado que la aplicación de las medidas es inminente y que no ha habido pasos de la parte polaca por revertirlas hemos tomado la decisión de lanzar el procedimiento de infracción con carácter de urgencia para defender la independencia del sistema judicial polaco” ha anunciado el portavoz del presidente Jean-Claude Juncker que este miércoles coincidirá en el pleno de Estrasburgo con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiekci, que tiene previsto acudir a la cámara a exponer su visión sobre el futuro de Europa.

La nueva ley, que entra en vigor este martes, rebaja la edad de jubilación de los 70 a los 65 años lo que hará obligatoria la retirada de 27 de los 72 jueces que forman parte del Tribunal Supremo. La medida también se aplica a la presidenta del Tribunal cuyo mandato de seis años tendrá que concluir prematuramente aunque no expiraba hasta el año 2020. La legislación establece, no obstante, la posibilidad de que los jueces que deseen seguir en el cargo lo puedan hacer declarando al presidente de Polonia, Andrezj Duda, su intención quien podría prolongar el mandato tres años renovables una vez.

Principio de independencia

El problema es que ni hay criterios establecidos para que el presidente polaco decida prorrogar o no mandatos ni posibilidad de que una vez tomada la decisión sea revisada por un órgano judicial. Por todo ello la Comisión Europea “es de la opinión que estas medidas minan el principio de independencia, incluida la irrevocabilidad de los jueces”, ha anunciado la Comisión en un comunicado en el que también advierte de que si entra en vigor la ley, Polonia estará incumpliendo sus obligaciones bajo el artículo 19 del Tratado.

Según Bruselas, pese a los innumerables encuentros y reuniones celebrados en los últimos meses al más alto nivel político, no ha habido resultados “satisfactorios” y el compromiso de las autoridades polacas de que el proceso estará supervisado por el Consejo Nacional de la Judicatura no constituye una salvaguarda efectiva. “La opinión del NCJ no es vinculante y se basa en un criterio ambiguo. Es más, tras la reforma del 8 de diciembre de 2017, el NCJ está compuesto por jueces nombrados por el Parlamento polaco lo que no está en línea con los estándares europeos sobre independencia judicial”, advierte.

Así que, dada la falta de progresos a través del mecanismo de diálogo sobre el Estado de derecho y la inminente aplicación del nuevo régimen de jubilaciones en el Supremo polaco la Comisión Europea ha decidido actuar. Las autoridades polacas tienen ahora un mes de plazo para responder a la Comisión y solventar los problemas identificados. Si Varsovia no responde satisfactoriamente el procedimiento podría terminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. “Esta ley es vinculante y no vamos a cambiar nada”, ha dicho el ministro de exteriores, Jacek Czaputowicz, dispuesto a llegar a Luxemburgo para defender una prerrogativa que dice es de los gobiernos nacionales.

Botón nuclear

El enfrentamiento por el sistema judicial no es el único por el que mantienen las espadas en alto Varsovia y Bruselas. Desde la llegada al poder del partido Ley y Justicia (PIS) en otoño de 2015 la deriva autoritaria ha sido una constante. La Comisión Europea decidió activar a finales del año pasado el procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado, una especie de botón nuclear que permite a la UE castigar a un Estado miembro que incumple los valores europeos, aunque su aplicación requiere la unanimidad de los gobiernos y nunca se ha utilizado. Hace una semana los gobiernos de la UE celebraron una audiencia en la que no hubo avances ni decisiones.