Unir personas, barrios, ciudades

«Me moriré con las ganas de ver mi barrio arreglado». Carmen Galindo, 67 años, llegó al barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs, el 10 de enero de 1973 con su marido, quien, como trabajador de Fecsa, tuvo la oportunidad de acceder a una vivienda asequible donde se instalaron con tres hijos; otros tres nacieron después. Por sus hijos Carmen se implicó hace ya 30 años en las luchas  vecinales, primero a través de la asociación de vecinos y, desde hace 12 años, como presidenta de la Plataforma de La Mina. «Cuando crecieron decían que no querían vivir aquí y decidí luchar por mejorar el barrio», explica Carmen.

La Mina que conocía Carmen necesitaba mucho más que inversiones puntuales, necesitaba un programa de rehabilitación y transformación social y urbana que permitiera actuar de forma integral en diversos ámbitos (vivienda, urbanismo, servicios, tejido social y económico...) Tras varios intentos fallidos desde 1982, el sueño se hizo realidad de la mano de Unión Europea y sus fondos de cohesión. Conocido como Urban II, el proyecto de transformación del barrio aprobado para el periodo 2001-2006, se nutría del Fondo de Desarrollo Regional Europeo (Feder), que aportó 12,3 millones de euros de una inversión de 24,7 millones, el 50%. «Nos dieron una alegría.  Madre mía, qué barrio nos iban a dejar», dice Carmen. Doce años después, hace un balance mixto.

La Mina ha cambiado: se han arreglado las calles, se han construido viviendas, equipamientos, el tranvía ha mejorado la conexión... «¿Se ha ganado en infraestructuras? Sí, pero ¿qué hay de la parte social del proyecto?», se pregunta Carmen.

El de La Mina es un ejemplo del uso que se ha hecho a nivel local, regional y estatal de los fondos europeos, en concreto, de aquellos relacionados con  la política de cohesión. Esos fondos que, por ejemplo, tanto han contribuido en los últimos 30 años a construir la España de hoy. Para lo bueno y para lo malo. El ingreso en la UE fue la oportunidad de modernizar el país y dotarlo sobre todo de infraestructuras. «Como planteamiento político es correcto cuando hay déficit de ellas -apunta Germà Bel, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona-. Pero hace años que tenemos superávit y se han convertido en un problema». España tiene unos 7.000 kilómetros de autovías frente a los 700 de hace 30 años y «la red de alta velocidad más larga de Europa pero la de menor uso, y eso que el AVE se lleva el 50% de la inversión ferroviaria», advierte Bel.

Más que infraestructuras

Europa apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo entre los estados a través del Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Desarrollo Regional (Feder). En el periodo 2014-2020 -los presupuestos de la austeridad- la UE destinará  351.000 millones de euros, un tercio de sus cuentas, como

apoyo a los Estados para mejorar las conexión de transporte e infraestructuras, pero también en nuevas tecnologías,  investigación, desarrollo empresarial, formación...

Bel recuerda que la buena política pública consiste en analizar el impacto de los proyectos y priorizar la rentabilidad social.

En el periodo 2007-2013 España recibió de la UE 35.200 millones (23.052 millones a cuenta del Feder; 8.053 del FSE, y 3.543 del Fondo de Cohesión). En ese periodo, se destinaron 4.900 millones de euros, el 13,9%  de las contribuciones comunitarias, a un programa para reforzar el desarrollo de infraestructuras en varias comunidades.  «En Catalunya destaca la construcción de carriles VAO en la autopista C-58 entre Ripollet y la avenida de la Meridiana en Barcelona», destaca Shirin Wheeler, portavoz de Política Regional de la Comisión Europea. Unos 46,10 millones de los 679 asignados al Feder en Catalunya han ido a parar a este proyecto, cuyo coste asciende a 115 millones de euros.

Para el periodo 2014-2020, la UE aportará a España 36.130 millones (a Catalunya, 2.015,4 millones): 19.393 millones en Feder y 8.446 en FSE.  El Gobierno ya ha anunciado que 5.000 millones de la partida del FSE serán para fomento del empleo (1.800 para empleo juvenil),  4.400 millones para I+D+i y 800 para pymes.  ¿Cuál será el peso de las infraestructuras?