Bombas contra civiles

Que toda una directora de escuela de un barrio de Alepo controlado por la oposición siria se niegue a que una simple cámara de vídeo filme a niños jugando en el patio de una escuela por temor a que el lugar pueda luego ser identificado como un objetivo militar debería dar que pensar a quienes tienen en este mundo la capacidad de tomar decisiones.

“Todo vale en el amor y en la guerra”, reza el viejo refrán castellano. Así ha sido desde el principio de los tiempos, y así se ha cumplido en la historia de las guerras recientes. Las tropas federales rusas emplearon explosivos de aerosol --que multiplican por 100 la onda expansiva de un proyectil de artillería convencional-- en el asedio a Grozni de 1999 para evitar enzarzarse con el enemigo en un combate urbano donde este partía con ventaja. El resultado fue probablemente la mayor destrucción experimentada hasta entonces por una urbe europea desde la segunda guerra mundial, aunque en descargo del Kremlin y de su presidente, Vladímir Putin, hay que reconocer que para entonces buena parte de la población había huido ya de la capital chechena.

Siria muere en silencio

Bombas de fragmentación

En el 2006, durante la guerra entre Hizbulá y el Ejército israelí, la aviación hebrea descargó una lluvia de bombas de fragmentación sobre los hospitales y campos de cultivo del sur libanés. Los bombardeos constituyeron un crimen de guerra denunciado entonces por las oenegés internacionales, y convirtieron literalmente en campos de minas amplias extensiones de territorio, al sembrar el lugar de pequeñas bombitas --el 15% de las cuales no explotaron-- que solo podían ser retiradas mediante la ayuda de expertos.

Todo ello ha sido superado con creces en estos dos años que dura la guerra en Siria, y existen razones para preguntarse si las instituciones internacionales están realizando su trabajo y avanzando en su (supuesta) capacidad de limitar los efectos devastadores de cualquier conflicto armado sobre las poblaciones civiles.