El confort empresarial de seguir en España

La fuga de CaixaBank, el Sabadell y Gas Natural demuestra que el debate no gira sobre si una Catalunya independiente sería más próspera a largo plazo, sino sobre la inestabilidad política a corto plazo

La marcha contra las brutales cargas policiales en Tarragona, ayer.

La marcha contra las brutales cargas policiales en Tarragona, ayer.

Olga Grau

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Se vivió durante la crisis financiera en la zona euro. Llega un momento en que la presión política se traslada a la economía. Los mercados pusieron contra las cuerdas a José Luis Rodríguez Zapatero para que hiciera draconianos recortes y reformas en el 2010. También hicieron lo propio con Mariano Rajoy en el 2011 y en el 2012. ¿Recuerdan la subida impuestos que siempre se negó que se haría y el rescate a la banca que nunca existió?

Los mercados dejaron sin oxígeno financiero al Gobierno griego de Alexis Tsipras y al proyecto de Syriza que apelaba a terminar con el austericidio. En julio del 2015 los Estados europeos obligaron a Grecia a capitular en un consejo europeo en el que la salida del país de Europa se puso sobre la mesa sin reparos a propuesta de quien dirige Europa, que es Alemania.

El poder financiero quiere estabilidad para hacer sus negocios, seguridad jurídica, 'status quo', lo conocido frente lo incierto, no está interesado en más o menos democracia o en la revolución social o en proyectos políticos inciertos. Y lo que define inciertos es que no sean pactados o negociados con el poder predominante vigente que es el que reconocen. Esta semana CaixaBank, Gas Natural y el Sabadell, tres pesos pesados catalanes del Ibex 35, han anunciado su traslado de domicilio social fuera de Catalunya. Y se han disparado en bolsa. Han optado por el confort de ubicarse en un territorio en el que seguirá rigiendo la legislación española. Detrás irán muchas más empresas con la siguiente descapitalización de la economía catalana.

El debate en realidad no gira alrededor de si una Catalunya independiente sería más próspera, argumento que esgrime el Govern y cuenta con el aval de importantes académicos, porque eso es un proyecto a largo plazo. Y a largo plazo, como dijo el economista John Maynard Keynes “todos estaremos muertos”.

En el corto plazo los mercados se alimentan siempre de la misma sangre cuando hay inestabilidad política o económica. La secuencia es idéntica. Las agencias de calificación lanzan alertas, los bancos de inversión publican informes advirtiendo de los riesgos, las bolsas caen, las empresas temen por su valor en bolsa, los accionistas internacionales llaman a los directivos porque están preocupados por sus bolsillos, y así en una espiral no ajena a intereses oscuros y presiones políticas.

Las agencias de calificación han lanzado esta semana sus alertas sobre Catalunya con repercusión planetaria. Moody’s declara que si Catalunya se independiza tendría cerrado el acceso a la financiación exterior. Fitch, por su parte, ha anunciado que anticipa la posibilidad de rebajar más la nota de solvencia de la Generalitat que actualmente ya es BB equivalente a ‘bono basura’ debido a las últimas tensiones políticas con el Gobierno español.  La calificación actual es como la de Brasil, Guatemala o Macedonia. Esta revisión, que si fuera de un grado se situaría como la de Angola, Camerún o Libia, afectaría tanto a la Generalitat como al Institut Català de Finances (ICF).

El banco de inversión Goldman Sachs ha alertado sobre la inestabilidad de la banca española y particularmente de las entidades con mayor exposición a Catalunya. Y apunta a “una potencial salida de depósitos de los bancos catalanes”. Y el FMI ha incluido en su informe sobre España una mención al riesgo de la independencia de Catalunya. Después del 1-O, la bolsa sufrió la mayor caída desde el ‘Brexit’ y los dos bancos catalanes, CaixaBank y el Sabadell fueron los que sufrieron el peor castigo en bolsa, seguidos del resto de entidades financieras con negocio en Catalunya.

La pregunta a hacerse es porqué las empresas trasladan sus sedes ahora y no lo hicieron hace dos semanas o dentro de 10 días. Esgrimen los independentistas que lo único que ha cambiado es que las cargas policiales del 1-O pusieron en la portada de todos los periódicos del mundo la inestabilidad política catalana y española. La hoja de ruta ya estaba sobre el tablero de juego desde hace 18 meses. Y de hecho, nadie, ni Comisión Europea, Parlamento Europeo, ni Gobierno español han declarado que vayan a reconocer la independencia unilateral de Catalunya. El escenario más plausible sería que una DUI viniera precedida de la intervención de la autonomía de Catalunya que dejaría el marco jurídico español intacto.

Pero el dinero es por naturaleza miedoso y busca cobijo en los marcos jurídicos existentes, cuando no fuerza que se creen leyes favorables a sus intereses como se ha visto con el decreto que ha aprobado el Gobierno para hacer traslados de empresas ’exprés’. Las empresas quizás no se han creído una DUI, pero han preferido lo conocido a lo incierto y han movido ficha. Y la pérdida para Catalunya es grande.