Terremoto en las cámaras

Las 13 cámaras de comercio catalanas se preparan para afrontar una nueva batalla después de que a finales de los noventa se firmara la paz con las patronales. Estas instituciones centenarias, fundadas en 1886, obtienen más del 60% de sus ingresos gracias al recurso cameral: cuotas anuales y obligatorias que empresas y autónomos abonan a estas corporaciones.

Esta fórmula pasará a la historia en 2011, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 3 de diciembre, de un decreto que hace voluntaria la pertenencia a las cámaras y la contribución a la cuota cameral. «Las cuotas serán libres y esto es ya una situación irreversible», explica el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls. «El decreto deja muchos temas en el aire y estamos estudiando si hay incompatibilidad con la ley catalana de cámaras», según Valls.

El presidente de la cámara de Barcelona, la más potente de todas las catalanas y que participa en Fira de Barcelona, prefiere ser discreto. Y eso que el Ejecutivo ha vertido críticas veladas al sector en el decreto en el que anuncia la supresión de las cuotas: «La voluntariedad de la pertenencia a las cámaras debe ser un incentivo para que cumplan sus funciones con mayor eficiencia que hasta el momento», reza literalmente el texto del BOE.

Los presidentes de las 13 cámaras catalanas se reunieron en la Llotja de Mar el mismo 3 de diciembre, por la tarde. Les convocó Valls, que preside el Consell de Cambres de Catalunya. Las cámaras debatieron su futuro ante un previsible derrumbe de los ingresos porque en este país, cuando no se obliga, no se paga. Se da la circunstancia adversa de que el Gobierno catalán entrante no se encuentra todavía constituido, por lo que el sector da por sentado que ahora mismo no será la prioridad de Artur Mas, el futuro president, el defender el modelo cameral.

La Cámara de Barcelona ha alentado proyectos como la catalanización de Spanair o la gestión privada de El Prat. Obtiene cada año alrededor de 16 millones de euros por la vía del recurso cameral y considera que sin estos ingresos, no podrá mantener su actividad de la misma manera.

En el otro extremo de la Cámara de Barcelona se encuentra la más pequeña. Delfí Robinat, presidente de la Cámara de Tàrrega, cuenta con un presupuesto anual de 250.000 euros y un total de 3.000 empresas asociadas.

La estructura de esta entidad es de tres empleados y el presidente no tiene sueldo. «Al ser pequeños tendremos menos problemas que los medianos, además nuestra sede del 1905 es de propiedad». Fue una iniciativa del patriarca de Borges, Josep Pont Creus, que en 1965 compró el inmueble para la cámara, durante su mandato como presidente. «Si tenemos que crear un nuevo modelo de cámara, lo haremos. Somos gente curtida y ahora tendremos que ir a vender nuestro producto», asegura Robinat.

Joan Simó, presidente de la Cámara de Lleida, cuestiona la viabilidad de aportar dinero al Aeropuerto de Alguaire tras la supresión de las cuotas, la misma incógnita del presidente de la Cámara de Girona, Domènech Espadalé, respecto al convenio con el aeropuerto local y Ryanair. Las dos cámaras son a su vez fuente de financiación para las ferias de sus respectivas demarcaciones. Simó asegura que el rumor que corre estos días es que el Gobierno quiere que quede una Cámara por provincia, de las 88 que hay en España. «Si esto ocurre, en Catalunya quedarán cuatro cámaras», dice. Todos los presidentes coinciden en que ha sido una medida precipitada, «como muchas que ha hecho este Gobierno», pero no piensan rendirse al primer envite sin presentar batalla.