Largo plazo

Tabaco para los parados

OLGA Grau

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E l Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene la tensión escénica. Las medidas para reactivar la economía se dosifican con cuentagotas, como si el guión inicial no las incluyera y nos guiáramos con la brújula de los mercados. La última novedad es la subida de los impuestos del tabaco en un 24%, con lo que en el 2011 el Estado ingresará 780 millones de euros más. Parte del dinero procedente del humo de los cigarrillos compensará la rebaja del impuesto de sociedades a las pymes, que supondrá que el Gobierno deje de ingresar 230 millones de euros.

Facilitar las cosas a las pequeñas y medianas empresas no estará de más, sobre todo, teniendo en cuenta que los bancos y las cajas no les darán crédito por los problemas que tienen en sus propias casas, y que además, los consumidores les compraremos menos. Ya saben que el paro se encuentra por encima de los cuatro millones de personas (casi 600.000 en Catalunya) y que son las empresas las que tienen que animarse a contratar personal, cuando vean las cosas más claras.

El humo de los cigarrillos también ayudará a paliar el coste de ampliar los beneficios fiscales a las empresas que inviertan y el de suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados para determinadas operaciones societarias (1.000 millones de menor recaudación en total). Pero uno de los principales cometidos del impuesto al tabaco será facilitar los recursos para contratar a 1.500 nuevos orientadores en los servicios públicos de empleo. Estos semifuncionarios serán los encargados de ayudar a los parados de larga duración, los que llevan más de dos años sin encontrar trabajo y que dejarán de percibir la ayuda de 426 euros mensuales a partir de ahora. La medida, por antisocial, hubiera producido una revuelta si en vez de presentarla el PSOE, la hubiera llevado al Consejo de Ministros el PP.

El plan de choque que presentó la ministra de Economía, Elena Salgado, tiene mucho de improvisado. Y la mayor crítica es que se debería haber hecho todo de golpe, con más coherencia y menos improvisación. El 29 de enero, el Gobierno decidió un ajuste de 5.000 millones en el gasto, seguido en mayo (tras la crisis griega) de una nueva vuelta de tuerca de 15.000 millones que afectó a pensionistas y funcionarios.

Antes del verano, se aprobó de una tacada la reforma laboral y la de las cajas de ahorros. Ahora, tendremos reforma de las pensiones el próximo 28 de enero y una inminente privatización de aeropuertos (y loterías). Una decisión que parece más orientada a recaudar, que a acercar la gestión a las autonomías.

Y de momento no hay más cosas a la vista. O quizá sí, depende de Bruselas. Confiemos en que con todas estas baterías de medidas, al menos, alguien deje de fumar.