INICIATIVA PARLAMENTARIA

Sindicatos y oposición piden que los Presupuestos financien la subida de las pensiones

Reclaman un incremento del 1,2% para el 2017, igual que la previsión de inflación del Gobierno

Pensiones

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MERCEDES JANSA / MADRID

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Los sindicatos CCOO y UGT y la oposición parlamentaria (excepto Ciudadanos) han dado el primer toque al Gobierno de Mariano Rajoy (el que está en funciones y el que se formará tras la nueva investidura) para recordarle que no tiene mayoría absoluta, ni siquiera sumando al partido de Albert Rivera, y que necesitará pactar. El tema de este primer aviso no es menor: las pensiones y su revalorización para el 2017. De momento, este jueves se ha visualizado el poder de la oposición (178 diputados, dos más que la mayoría absoluta) que ha formado una piña para pedir que las pensiones suban el 1,2% en el 2017 y que de forma extraordinaria este incremento se financiera con cargo a los Presupuestos generales del Estado.

El texto de la proposición de ley presentada en el Congreso ataca directamente la línea de flotación de la reforma del PP: vuelve a vincular la subida de pensiones al índice de precios de consumo (IPC) y prevé compensar a los pensionistas por la desviación si la inflación sube más de lo previsto. Recoge las propuestas de CCOO y UGT y aunque la iniciativa de su redacción es del PSOE, y la firman Podemos, ERC, PNV y grupo Mixto, donde se encuentran integrados los electos de CDC.

En la exposición de motivos se destaca que la crisis ha limitado la revalorización de las pensiones y que el sistema necesita "anticipar medidas de refuerzo de los ingresos" para hacer frente a los problemas derivados de la precariedad en el empleo, el paro, la evolución de la demografía y el déficit de la Seguridad Social. De momento, pide que el dinero para pensiones en el 2017 salga de los presupuestos y no de las cuotas de la Seguridad Social ni del mermado fondo de reserva.

SUBIDA DE PRECIOS

El crecimiento de la economía española y la previsible subida de los precios, que han cerrado los últimos años en negativo, permiten, a juicio de los sindicatos y de la oposición, revalorizar las rentas de los más de ocho millones de pensionistas por encima del mínimo del 0,25% que fija la reforma del PP. En concreto, la proposición de ley pide un incremento del 1,2%, de acuerdo con la previsión de inflación que hace el Gobierno en el programa económico enviado a Bruselas.

En caso de que a finales del 2017 la inflación supere la previsión del Gobierno, se debería actualizar la subida de las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo.

"Recogemos el guante que ha lanzado el propio Gobierno, que en sus previsiones maneja una subida de los precios entre el 1% y el 1,6%", explica Mercè Perea, portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, que además le lanza otro mensaje al Ejecutivo: "Se acabó tirar el fondo de reserva".

"Hay que dar tranquilidad a los pensionistas  porque se intenta decir que como se acaba el fondo, se acaban las pensiones, y no es verdad", subraya Perea, que añade: "No nos sirve que el Gobierno diga que no hay dinero".

FALTA DE DINERO

Si el Ejecutivo se escuda en problemas presupuestarios para oponerse a la subida del 1,2%, el problema se trasladaría al debate de los futuros presupuestos y estas propuestas "se convertirán en enmiendas", señala Carles Campuzano (PDC). Este veterano diputado recuerda que su grupo ya advirtió al PP cuando aprobó la reforma en el 2013 que "las mayorías cambian y ahora hay una distinta" que puede aprobar una revalorización superior a la que marca la ley.

La proposición de ley no pide suprimir el índice de revalorización que estableció la reforma del PP, sino solo lo suspende para el 2017 con el fin de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo si los precios suben más del 0,25%.  Para calcular el incremento se tomará como referencia la tasa media anual del IPC de diciembre del 2017, mientras que antes de la reforma se tenía en cuenta el IPC del mes de noviembre.

La mayoría política formada por la revalorización de las pensiones pide al Ejecutivo que convoque el Pacto de Toledo para debatir sobre la financiación del sistema. CCOO y UGT calculan que si los incentivos a la contratación no salen de la Seguridad Social se contaría con unos 3.700 millones de euros. También proponen destopar las cotizaciones sociales máximas.