De la Serna informa al Consejo de Ministros de sus negociaciones para cerrar la reforma de la estiba

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presentado al Consejo de Ministros un informe en el que detalla las negociaciones que está manteniendo para lograr concluir la reforma del sector de la estiba con la aprobación de un nuevo Real Decreto Ley.

De la Serna debe presentar al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley para modificar el régimen legal de este sector, dado que el Congreso tumbó a mediados del pasado marzo el que presentó inicialmente.

Una vez que el Gobierno apruebe el nuevo Decreto Ley, comenzará a contar el plazo de un mes con que cuenta el Ejecutivo para lograr su receptiva convalidación en el Parlamento.

El nuevo texto legal incluirá, según ya ha adelantado el ministro, un Real Decreto que recogerá la propuesta de mediación sobre los términos laborales de la reconversión del sector que redactó Marcos Peña, el mediador de las negociaciones que el Gobierno mantuvo en los meses de febrero y marzo con patronal y sindicatos.

Por el momento, en el informe presentado este viernes al Consejo de Ministros, De la Serna ha detallado los trabajos que está realizando para sacar adelante el nuevo Decreto.

"El ministro de Fomento, desde el rechazo del Congreso a la convalidación el Decreto Ley de la estiba, ha trabajado con denuedo para lograr su aprobación", indicó el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Nos ha informado que estas negociaciones continúan", añadió.

"La intención del Gobierno es cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, primero, porque tenemos la obligación de hacerlo y, además, para evitar la multa", remarcó Méndez de Vigo.

Con la reforma de la estiba, el Gobierno pretende adaptar el régimen legal del sector, que en la práctica actúa como un monopolio, a la normativa europea, a la que actualmente contraviene.

Ello motivó una primera multa del Tribunal de la UE en diciembre de 2014, que actualmente supondría pagar 23,3 millones de euros, y cuyo incumplimiento puede acarrear una segunda a razón de 134.000 euros diarios más.

"Esto es lo que intenta evitar el ministro con el nuevo Decreto Ley, acomodando los avances de la negociación colectiva en un Real Decreto u otra norma y encontrando además apoyos de otros grupos políticos para la convalidación", aseguró el ministro portavoz.

"El ministro de Fomento sigue en este momento trabajando, ha informado de que hay distintas hipótesis y posibilidades, que además quiere que cuenten con el aval de la Comisión Europea", detalló.