El saqueo de Caja Madrid

El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha destapado una trama de corrupción interna que otorgaba sobresueldos a los consejeros que supuestamente debían velar por controlar y supervisar la actividad de la caja de ahorros madrileña. Un total de 86 consejeros y altos cargos de la entidad usaron durante varios años tarjetas opacas que se habían otorgado sin ningún tipo de control y, que además, no tributaban. Cargaban gastos personales como ropa, restaurantes y ocio a cuenta de los fondos de la entidad. Caja Madrid fue el embrión de Bankia, una entidad que tuvo que ser rescatada con más de 23.000 millones de euros de dinero público al identificarse un agujero de dimensiones descomunales.

En la lista de los beneficiarios de las tarjetas opacas figuraban políticos del PP, PSOE, e IU y sindicalistas de UGT y CCOO. En la última semana han dimitido siete consejeros, de los 86, que habían gastado en total 850.000 euros. Las primeras víctimas de este escándalo fueron, el jueves, dos exconsejeros nombrados a propuesta del PP: Pablo Abejas y María Carmen Cafranga

Dimisiones en cascada

El viernes dimitieron el líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez; el histórico dirigente de CCOO, Rodolfo Benito; el responsable de la Secretaría de Estudios de la Comisión Ejecutiva Federal del sindicato, Ángel Gómez del Pulgar; el director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura; y el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte, Manuel José Rodríguez González.

Las extintas cajas de ahorros no tenían accionistas, a diferencia de las bancos. El control de la caja estaba en manos de un conjunto de órganos nombrados a instancias de las entidades fundadoras de las cajas de ahorros. El máximo órgano de gobierno de Caja Madrid era la asamblea general, formada por 320 miembros. De estos, 172 los proponían el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y otras entidades locales y patronales.

El resto de miembros de la asamblea se nombraban a propuesta de los sindicatos y, supuestamente, de los impositores, o sea, de los clientes. Pero todo el mecanismo estaba organizado para que, de facto, la asamblea general estuviera controlada por los políticos que gobernaban en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, o sea, el PP en su mayoría, y en menor proporción el PSOE e IU.

La asamblea de 320 miembros era la encargada de nombrar al presidente de la caja de ahorros y este llevaba a cabo la composición de un consejo de administración en el que se tuviera en cuenta el peso de los partidos, los sindicatos, los impositores y demás entidades locales. Estos consejeros, cuya misión debería haber sido la de ejercer un control sobre las decisiones que se tomaban en la caja de ahorros, cobraban elevados sueldos que no se detallaban en los informes de gobierno corporativo.

Durante décadas, la prensa denunció que las reuniones de las asambleas generales de las cajas de ahorros españolas se realizaban a puerta cerrada, a diferencia de las juntas generales de accionistas de las empresas cotizadas. Pero nunca se dio acceso. Así como durante años no se detallaron las cantidades de los sueldos de los consejeros ni se dieron detalles de los créditos que las entidades otorgaban a los consejeros y a los partidos políticos que representaban.

El escándalo de las tarjetas de crédito opacas de Caja Madrid ha encendido las alarmas sobre qué ha ocurrido en otras cajas de ahorros que también han tenido que ser rescatadas durante la crisis financiera. El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el viernes pasado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha encontrado una veintena de irregularidades que se han remitido a la Fiscalía.

Los responsables de la caja crearon dos listas de consejeros y directivos: los que tenían más responsabilidad podían gastar al año hasta 50.000 euros con las tarjetas opacas, y los que apenas tenían responsabilidad, 25.000 euros anuales. Los gastos no tenían que ser justificados ni tributaban. La práctica se inició en el 2003 y cuando llegó Rodrigo Rato a Caja Madrid, a comienzos de 2010, se mantuvo.

Entre los gastos que realizaron consejeros y directivos de Caja Madrid con las tarjetas opacas figuran viajes personales, compras de alimentación, ropa e incluso retiradas de efectivo, por un importe total de 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012, según datos del informe de Bankia.