Prejubilados

Josep es un hombre de 51 años. La empresa en la que trabaja, Telefónica, cuyos orígenes se encuentran en una empresa pública después privatizada, le ha sondeado para saber si estaría dispuesto a aceptar una prejubilación voluntaria. Nadie le obliga, pero es consciente de que la compañía quiere reducir la plantilla y amortizar puestos de trabajo con o sin su ayuda.

La empresa obtiene beneficios, a pesar de la crisis, pero quiere explorar nuevos negocios, que requieren ingenieros más jóvenes que él y con más conocimientos de redes sociales y nuevas tecnologías. El caso de Joan, con un sueldo por encima de la media y con más de treinta años de carrera profesional en la empresa, es complicado. Si la empresa le despide, en vez de prejubilarlo, se tendrá que enfrentar a un mercado laboral con un 40% de paro juvenil y con un 13% de la población mayor de 50 años buscando empleo. La tasa de paro supera el 20% y todos los pronósticos indican que no cederá fácilmente. Si este trabajador acepta una prejubilación, la empresa le garantizará hasta un 90% de su sueldo hasta que llegue a la edad del retiro anticipado.

Quizás en la fórmula se le incluya un periodo de dos años de paro, durante los que cobrará la prestación de desempleo procedente de fondos públicos, aunque no aceptará ofertas que le propongan los servicios públicos. Una parte del coste de la prejubilación recaerá sobre la empresa y, otra, sobre todos los ciudadanos que contribuyen a sostener el sistema público de desempleo.

El debate sobre las prejubilaciones presenta muchas aristas. Los sindicatos son los primeros que se sienten incómodos al abordarlo. Critican al Gobierno cuando decide alargar la edad legal de la jubilación a los 67 años, pero callan cuando se aplican sistemáticamente prejubilaciones a los 50 años.

Lo cierto es que sin el mecanismo de las prejubilaciones, la conflictividad social sería altísima en una España con una Encuesta de la Población Activa que roza una cifra 5 millones de parados. Los trabajadores de las cajas se agolparían a las puertas del Banco de España, de CatalunyaCaixa y de Caja Madrid para protestar por los despidos. Los sindicatos no conseguirían negociar condiciones laborales para estas personas con las mismas ventajas.

Sin embargo, no podemos seguir 20 años después ignorando una realidad: las prejubilaciones reducen la población activa y eliminan del mercado de trabajo a profesionales experimentados, lo que supone un problema en países con una presencia cada vez mayor de población madura. Además, las prejubilaciones van en sentido contrario a las tendencias a prolongar la vida activa de los trabajadores, promovidas en Europa y, sobre todo, en nuestro país.