Plan B: ayuda europea

Consciente del momento crítico que vive la economía española, el Ejecutivo está volcado en explicar y tratar de convencer a los socios europeos y a los mercados de que la reforma financiera que aprobó la semana pasada es la definitiva. El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ha hecho esta semana con el Eurogrupo y los inversores de la City londinense; y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encargará de explicar las novedades de la reforma a la cancillera alemana, Angela Merkel, y al líder francés, François Hollande, en los próximos días. Sin embargo, temeroso de que la reforma acometida sea insuficiente, el Ejecutivo tiene sobre la mesa un plan B, que incluye la petición de ayuda a los fondos europeos.

Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de tener que solicitar entre 30.000 y 40.000 millones de euros al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que a partir de julio dejará paso al nuevo Mecanismo Permanente de Estabilidad. Fuentes del sector financiero ven inevitable desde hace algunas semanas esta especie de intervención blanda en un momento en el que el negocio está estancado por la recesión y la morosidad va en aumento. «Espero que el Gobierno español haga lo que tenga que hacer», respondió esta semana el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, cuando se le preguntó si creía que España necesitaría el apoyo del fondo de rescate.

PROVISIONES / En los últimos tres años, las entidades bancarias españolas han tenido que dedicar ingentes cantidades de dinero a las llamadas provisiones, un colchón para cubrir las posibles pérdidas derivadas de los créditos morosos, de la caída del valor de los activos inmobiliarios y de la abundante deuda pública de los países periféricos. Esos requerimientos, que ya se han elevado por ley en dos ocasiones este año (de 54.000 millones en febrero y de 28.000 millones de nuevo, el pasado viernes), van a dejar a algunas entidades con sus arcas vacías por la imposibilidad de generar los recursos suficientes.

La petición de ayuda a los fondos europeos llegaría siempre que quedara acreditado que la entidad no puede hacer frente a las provisiones

y mantener al mismo tiempo el nivel de solvencia exigido por la regulación, y después de que el Gobierno español se mostrara incapaz de dar ayudas públicas. Alcanzado ese punto, el Ejecutivo sería el que daría el paso y reclamaría el apoyo del mecanismo que esté en marcha en ese momento.

LOS DEFENSORES /Esta posibilidad que, según fuentes gubernamentales, se estudia como última opción, porque dejaría a España en una posición todavía más débil en los mercados de deuda, fue defendida por algunos dirigentes del PP antes de las elecciones del pasado noviembre, cuando estaba en la oposición, por considerar que es la única manera de sanear el sector financiero de manera definitiva.

Este plan B sería una vuelta de tuerca más a la tutela que ya de facto ejerce Europa sobre España. Primero fue la barra libre e ilimitada de liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) puso puntualmente en disposición de las entidades, que obligó a hacer algunas reformas estructurales, y esta semana se ha sabido que este organismo participará en las valoraciones independientes de los activos bancarios, un desaire público e histórico al Banco de España.

MANDATO HASTA JULIO / Según fuentes gubernamentales, el gobernador de esta institución, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha recibido en los últimos días presiones del Ejecutivo para que presente su dimisión por su gestión en elcaso Bankia, entidad que ha tenido que ser nacionalizada.

Fernández Ordóñez acaba su mandato el mes de julio, momento en el que el Gobierno pondrá en marcha los mecanismos necesarios para sustituirle, si no consigue que deje el organismo antes por voluntad propia.