El Parlament avala crear un ente público para gestionar el agua

La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado el decreto del Govern que permitirá consituir un ente público para gestionar Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la compañía que abastece de agua a unos 4,5 millones de habitantes de esta comunidad y que en la actualidad está en manos de Acciona. La decisión se toma después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulara hace unos meses el contrato de concesión adjudicado en el 2012.

Está previsto que la nueva entidad, que pasará a denominarse Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) -pierde una de las 'l'- y tendrá un consejo de administración que estará formado solo por representantes de la Administración catalana, comience a funcionar el próximo 1 de enero. Antes, una comisión asesora constituida el mes pasado con miembros de los departamentos de Presidència, Vicepresidència y Economia y de Territori deberá proceder a liquidar la anterior sociedad.

Tendrá que resolver, además, dos cuestiones. La primera es que la privatización de la gestión supuso para la Generalitat la reducción de cinco décimas de déficit del 2012 que ahora tendrán que imputarse a ese ejercicio o posteriores (1.000 millones), en función de lo que determine la Intervención General del Estado. Además habrá que indemnizar a Acciona por la cancelación del contrato, lo que supone un mínimo de 308 millones por los cánones pagados por esta entidad y la amortización de inversiones, según los cálculos de la empresa. 

Mayoría a favor

Esta norma ha sido avalada en el Parlament gracias a los votos de JxCat, ERC y PSC-Units, con 14 votos favorables; mientras que el PP ha votado en contra (un voto) y el resto de grupos se han abstenido (7 votos).

El 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès, ha defendido el decreto en nombre del Govern y ha recordado que la recuperación pública de ATLL era un mandato del Parlament, que instaba al Govern a revertir la concesión si el Supremo ratificaba su sentencia, tal como ocurrió en febrero.

También ha recordado que no se aplicará ningún incremento de tarifa este 2018 como ya ocurrió en el 2017, por lo que se ha dejado sin efecto el cambio tarifario que se había aprobado con anterioridad. Además d elas críticas políticas, organizaciones como Aigua és Vida  han reclamado que esta iniciativa se tramite también como proyecto de ley ante "la gran complejidad que supone recuperar una empresaa de gestión en alta que abastece a cinco millones de personas, los graves errores producidos en su privatización y las dudas que presneta el decreto ley".