La moratoria nuclear se cae de la factura tras 20 años
Los usuarios han pagado 5.717 millones a bancos y eléctricas desde 1995 por el parón atómico
Central inacabada de Lemóniz, por la que se han pagado 2.273,26 millones.
Por qué confiar en El Periódico No todo son malas noticias. La moratoria nuclear, fruto de la decisión del Gobierno socialista de Felipe González de paralizar la construcción de tres centrales atómicas en 1983, ha desaparecido ya del recibo. Desde que se acordó en 1995 incluir en la factura una compensación al sector por esa medida, los usuarios han pagado un total de 5.717 millones de euros a las eléctricas y a los bancos, de los que más de 1.300 millones son intereses.
El fondo creado en su día para titulizar la indemnización (o rescate, como lo calificó el Ejecutivo socialista) a las eléctricas, lo que consiste en convertir ese dinero en deuda a cuenta de los derechos de cobro, se disuelve este lunes. El remanente que queda, unos ocho millones de euros, se computará como ingreso del sistema, es decir, de las compañías, según fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC).
Tras la llegada al Gobierno en 1982, González paralizó sine die cinco grupos nucleares: Lemóniz I y II (Vizcaya); Valdecaballeros I y II (Badajoz); y Trillo II (Guadalajara). El Ejecutivo, que incluyó el parón nuclear en el plan energético nacional (PEN) de 1983, consideró innecesarias las instalaciones por haberse basado en previsiones de demanda muy hinchadas y por los elevados costes financieros que suponían.
PARALIZACIÓN DEFINITIVA
No fue hasta el PEN de 1991 en que se convirtió en obligatoria la compensación. Y en 1994, a través de la ley de ordenación del sistema eléctrico, se declaró la paralización definitiva de las nucleares y se incluyó en el recibo de la luz un recargo máximo del 3,54% por un plazo de 25 años, hasta el 2020. Entonces la deuda se cifró 4.383 millones. El reparto era el siguiente: 2.273,26 millones para Lemóniz, propiedad de Iberdrola; 2.043,77 millones para Valdecaballeros, de Sevillana -hoy Endesa- e Iberdrola; y de 66,21 millones para Trillo II, de Endesa, que entonces era pública; y de Unión Fenosa (hoy Gas Natural).
El Gobierno permitió a las eléctricas que cobraran de una vez esos importes para sanear sus balances. Como contrapartida, las entidades financieras financiadoras percibirían las sumas a través del recibo, con intereses. Iberdrola se embolsó 3.178 millones, Sevillana (Endesa), 1.035,52 millones, Unión Fenosa (Gas Natural), 41,16 millones y Endesa, 23,46 millones. Este fondo se financió mediante una emisión de bonos (1.292,18 millones) y dos préstamos, uno de 1.935,26 millones y otro de 1.069,80 millones, que es el que vencido ahora.
El recargo en la factura se fue modificando, hasta ser del 0,454% en la actualidad y quedar saldada la deuda antes de tiempo. El último pago, correspondiente al 2014, fue de 67,7 millones. Pero lo cierto es que desde 1995, los usuarios han puesto de sus bolsillos 5.717 millones. Y solo es una de las múltiples hipotecas incluidas en el recibo.
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