Martí inicia su nuevo mandato andorrano legislando sobre BPA

El nuevo Govern de Andorra,presidido de nuevo por Antoni Martí, tomó posesión el miércoles por la mañana y por la tarde ya aprobó en su primera reunión extraordinaria el proyecto de ley de reestructuración del sector bancario para superar la crisis creada a partir de la acusación de blanqueo de capitales lanzada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Banca Privada d'Andorra (BPA). El proyecto se basa en la directiva europea y crea un fondo de reestructuración de actividades bancarias, al que los bancos andorranos AndBank, Crèdit Andorrà, Morabanc y Banc Sabadell d'Andorra deberán aportar 30 millones de euros en total de forma inmediata.

Este debería ser el importe total del fondo, basado en las normas europeas, a cubrir en un periodo de 10 años, pero el ministro de Economía, Jordi Cinca, recalcó que deberán hacerlo de forma inmediata porque el problema que debe afrontar el fondo ya existe ahora.

No es el único esfuerzo que se exige a la banca andorrana: el Govern también obliga a restituir en el plazo de un año toda cantidad que se utilice del Fondo de Garantía de Depósitos Andorrano para una posible liquidación de BPA.

Además, la nueva ley fijará el orden de prioridades de los responsables de pagar a los depositantes, si no hay suficientes activos en el banco en caso de liquidación: en primer lugar los accionistas, después la deuda considerada junior y los activos de los directivos y responsables de la gestión de la entidad.

Se crea también una Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias, que será la encargada de buscar una salida a BPA que podría oscilar desde la reordenación del banco, a partir de la creación de una entidad puente totalmente nueva junto con un banco malo con los activos de dudosa legalidad, pasando por la venta global, la parcial o incluso la liquidación ordenada.

Cinca recalcó, en una rueda de prensa posterior a la primera reunión del nuevo Govern, que todo este proceso administrativo no limitará en ningún caso el proceso judicial o la reclamación de responsabilidades penales a los directivos que hayan incurrido en malas prácticas.

El ministro también consideró muy positiva la aclaración de las autoridades estadounidenses de que la denuncia contra BPA no comporta una sanción económica y añadió que esta información facilitará que se pueda encontrar un inversor o comprador para una parte de BPA. El consulado general de los EEUU en Barcelona recalcó el miércoles que la advertencia del Financial Crimes Enforcement Network no implica «ninguna sanción económica» para dicho banco.