Los sindicatos denuncian una "oferta trampa" del Govern para devolver una paga extra

El Govern en funciones sigue enrocado en su posición de rechazar la devolución de las<strong> pagas extras</strong> de los <strong>funcionarios</strong> que suprimió. Pero con una diferencia. En la reunión de la mesa de la función pública de la Generalitat celebrada hoy se ha sacado de la chistera lo que los sindicatos califican de "oferta trampa" para empezar a devolver la primera paga, con el abono del 26% de su importe, que a la hora de la verdad supone que los empleados públicos no cobrarían casi nada.

El departamento de Governació mantiene que hay que tener en cuenta en qué situación se encontraban los 230.000 empleados de la Generalitat y sus empresas y organismos públicos en el 2012, el primero de los tres años en que se suprimió una paga extra. En el momento en que el Gobierno central y el resto de administraciones recortaron la paga, el salario de los funcionarios ya se había recortado un 5%. Si se tiene en cuenta que una paga equivale a alrededor del 7% de la retribución anual, el cálculo de la cantidad pendiente de devolución quedaría drásticamente reducido, según denuncian los sindicatos.

FÓRMULA TRAMPOSA

"La Generalitat insulta a nuestra inteligencia con esta propuesta. Muchos funcionarios no llegarían a cobrar nada si se aplicara", denuncia Xesús González, coordinador de CCOO en la Administración autonómica. Para los sindicatos, el punto de partida del Govern para calcular la cantidad pendiente de retorno es una "fórmula tramposa" puesto que la rebaja del 5% fue temporal y no se debe tener en cuenta a la hora de cuantificar la extra.      

De los más de 400 millones que supone para la Generalitat el abono de una paga extra para su plantilla, la propuesta del departamento que dirige Meritxell Borràs equivaldría al abono de unos 50 millones de euros aunque de forma desigual, de tal manera que muchos empleados no verían ni un céntimo, según los cálculos de las centrales sindicales.

Tal como recordó esta semana Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat,  "la devolución de la paga extra es una cuestión de voluntad política", y más teniendo en cuenta que Catalunya se ha quedado solo después de que el Ejecutivo central y el resto de autonomías ya hayan pagado o pactado el retorno de la paga suprimida en el 2012. Los empleados catalanes sufrieron el recorte durante tres años en lugar de uno solo como en el resto del Estado.

APOYO PARLAMENTARIO

Los representantes de los trabajadores preparan un informe con los acuerdos alcanzados en otras comunidades para entregar a los grupos parlamentarios y pedir su apoyo a una iniciativa de la Cámara para forzar al Ejecutivo a dar marcha atrás en los recortes que aplicó sobre sus funcionarios. Las tres pagas suprimidas suma alrededor de 1.400 millones adeudados.   

Para acabar de soliviantar a los sindicatos, el Govern solo ofrece devolver a sus trabajadores dos de los seis días de asuntos propios, que pueden llegar a ocho para los que tienen más antigüedad, que también fueron eliminados en el tijeretazo al que dio el visto bueno el presidente Artur Mas. La decepción sindical ha sido más profunda al comprobar que la concentración de funcionarios ante el 'president' del miércoles pasado no ha supuesto un cambio en el muro de Funció Pública con el que se encuentran en las reuniones.

El Govern se escuda en que sigue en funciones y en la falta de financiación por parte del Gobierno de Madrid para hacer frente a la devolución en un momento que sigue siendo de asfixia de tesorería. De hecho, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, se ha negado a aplicar un recorte adicional de 1.318 millones que le reclama el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cumplir con los objetivos de déficit.