Los registradores consuman su amenaza de denunciar a la Generalitat

Amenaza consumada. Los registradores de la propiedad han presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra la Agència Tributària de Catalunya (ATC). En la denuncia reclaman la nulidad del vencimiento anticipado del convenio de gestión de impuestos que decidió la Generalitat. Este finalizaba el 31 de octubre y el Ejecutivo catalán anunció que acabará el 1 de septiembre, dentro de su plan de asumir la gestión de los tributos propios y cedidos, tarea que desarrollaban los registradores a través de convenios que se renovaban periódicamente.

Pese a la demanda, los registradores aseguran que mantienen "la mano tendida". El objetivo es que cumpla el convenio en vigor, que vence el 31 de octubre. En cambio, la Generalitat ha anunciado en varias ocasiones que ya el 1 de septiembre quiere asumir la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones.

En la demanda, los registradores piden "la nulidad del desestimiento de anticipo", es decir, que reclaman a la justicia que impida que la Generalitat cancele anticipadamente este convenio que aún está en vigor. A principios de febrero, este colectivo profesional anunció esta demanda por incumplimiento del convenio e insistieron en que la transición en la liquidación de estos impuestos cedidos, los que más recaudación aportan a la Generalitat, debe hacerse con un calendario "razonable" para evitar el "caos" y salvaguardar los intereses de los contribuyentes, los trabajadores y las arcas públicas.

CUERPO EXTRAÑO

El decano del Colegio de Registradores de Catalunya, Luis Suárez, justificó entonces la demanda ante la imposibilidad de alcanzar una solución pactada con la Generalitat. El Ejecutivo catalán sostiene que el convenio con los registradores cuesta unos 27 millones de euros al año y que la ATC, embrión de la Hacienda propia que pretende crear el gobierno catalán, puede asumir estas tareas.

Suárez, a la vez que aseguró que el Govern parece considerar a los registradores "un cuerpo extraño" en el despliegue de su hacienda propia, explicó que en los presupuestos de la Generalitat se recoge un coste de 57 millones por asumir estos trabajos, lo que supone más del doble de lo que les pagan en la actualidad por el servicio.

No obstante, para asumir estas funciones, la Generalitat quiere incorporar como interinas a 277 personas contratadas por los registradores para liquidar estos impuestos, en unas negociaciones que todavía no han arrancado.