El juez procesa a la cúpula de la CAM por su saqueo

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dado por cerrada la investigación principal sobre el saqueo de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), iniciada en el 2011. El magistrado ha dictado un auto demoledor en el que acusa a la excúpula, formada por ocho directivos, entre ellos el expresidente Modesto Crespo, el exdirector general Roberto López Abad y la exdirectora adjunta María Dolores Amorós, de los delitos de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

El juez considera que los estados financieros de la CAM del 2010 y el primer semestre del 2011 «no reflejaban la imagen fiel de la entidad» de forma deliberada. El resultado contable del 2010 de la CAM, que fue de 244 millones de euros, debería haber sido en 210 millones inferior. De manera que la entidad habría ganado en verdad 34 millones de euros.

PLAN CONCERTADO / Según Gómez Bermúdez, «esta alteración de la imagen fiel de la entidad se hizo «en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección y su finalidad era la integración en el SIP (fusión de cajas) y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado de la caja así como poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad, ocasionándole así un perjuicio». El auto detalla la ingeniería financiera perpetrada por la excúpula para maquillar el estado real de las cuentas. Así, los directivos habrían dejado de provisionar créditos de muy baja calidad que después arrojaron pérdidas millonarias y habrían ocultado al auditor contratos de productos financieros de riesgo como swaps o aportaciones a planes de pensiones.

Las artimañas habrían permitido que la CAM presentara unos beneficios de 60 millones en el 2011, cifra que después se reformuló y se convirtió en pérdidas de 1.136 millones que derivaron en el rescate público de la caja con 5.249 millones. El juez concluye que todas estas maniobras se dirigieron a ocultar las pérdidas para que la cúpula pudiera cobrar indebidamente indemnizaciones y complementos salariales de 47 millones a sabiendas que la caja estaba quebrada.