El juez imputa a la antigua cúpula de Catalunya Caixa por los sobresueldos

el juez de Barcelona Josep Maria Pijuan ha citado a declarar como imputados al expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, al exdirector general, Adolf Todó, y a otros 52 miembros de la antigua cúpula de la entidad bancaria, acusados por la Fiscalía Anticurrupción de aprobar sobresueldos a altos cargos pese a su crítica situación económica. Los interrogatorios han sido fijados por el magistrado, que también investiga el expolio del Palau de la Música por parte de Fèlix Millet, para cinco días de los meses de octubre y de noviembre. Los  primeros imputados en comparecer serán, precisamente, Serra y Todó, el 21 de octubre.

En un escueto auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona señala que del contenido de la denuncia presentada por el fiscal Fernando Maldonado y la documentación que la acompaña existen suficientes «indicios de infracción criminal», por lo que procede a incoar unas diligencias «encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos», así como las personas «que hayan participado en los mismos» y, que por ahora y sin perjuicio del resultado de la investigación, son las 54 personas incluidas en la denuncia de la fiscalía. Fuentes jurídicas confirmaron a este diario que Serra y Todó serán representados por abogados del despacho Molins-Silva, que ayer ya se personaron como parte en la causa que se ha empezado a instruir. Está previsto que en el proceso comparezcan como defensores abogados de prestigio de la capital catalana.

GRAVE CRISIS / El juez ha acordado las imputaciones tras admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Según el fiscal Maldonado, en Catalunya Caixa han existido en los últimos años aumentos de retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas, «máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica» y que denotan «un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos».

La fiscalía dirige básicamente su acusación contra los miembros de los consejos de administración que firmaron los acuerdos adoptados en enero y octubre del 2010 en los que se determinaron subidas de las retribuciones de los principales ejecutivos de la caja y de las pólizas suscritas para cubrir los fondos de pensiones en un marco en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que hacer una aportación del 1.200 millones de euros con dinero público.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL / Según la fiscalía, los miembros del consejo de administración denunciados incurrieron en un delito de «administración desleal» al aprobar aumentos retributivos y garantizar indemnizaciones a los ejecutivos «con evidente abuso del cargo», ya que «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera». El elevado número de consejeros imputados se debe a que en noviembre del 2010 se integraron los consejos de administración de las tres cajas fusionadas -Catalunya, Tarragona y Manresa- y provisionalmente se mantuvo a todos los representantes de los órganos de gobierno de esas entidades.

DOS ACUERDOS / El primer acuerdo se aprobó el 19 de enero de 2010, con la oposición de la única consejera y la abstención de otros dos, y consistió en aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf Todó del 35% al 50% y de su adjunto, Jaume Massana, del 35% al 45%. El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre ese año (siete votos en contra y siete abstenciones) para aumentar el sueldo para el año 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó pasó a cobrar 812.501 euros y Massana 610.201.