PROCESO CONTRA GESTORES FINANCIEROS

El juez fija fianza de 9,5 millones para Serra, Todó y el consejo de Catalunya Caixa

Narcís Serra (izquierda), presidente de Catalunya Caixa, y Adolf Todó, director general, en una imagen del 2009.

Narcís Serra (izquierda), presidente de Catalunya Caixa, y Adolf Todó, director general, en una imagen del 2009.

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha acordado la apertura de juicio contra 41 acusados, entre ellos Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno con el socialista Felipe González y expresidente de Catalunya Caixa, y Adolf Todó (exdirector general de Catalunya Caixa)Narcís Serra Catalunya CaixaAdolf Todóexdirector general de Catalunya Caixa, por el aumento de sueldo de altos cargos de la entidad cuando ya estaba en situación de crisis. El juez Julián De Eulate ha requerido a los investigados que en el plazo de 30 días depositen de “forma solidaria” 2,5 millones de euros destinados al Fondo de Restauración Ordenada Bancaria (FROB) y otros siete millones en favor de Catalunya Caixa o su sucesora, en previsión de las responsabilidades civiles que se podrían depurar. Además, reclama individualmente a Todó 808.563 euros. Si no depositan esas cantidades, se procederá al embargo. Serra y otros exdirectivos de la entidad tienen abierto otro proceso en la Audiencia Nacional por unas operaciones inmobiliarias que ocasionaron a la caja unos perjuicios 721 millones de euros.

El juez ha tomado esta decisión después de que el fiscal y las acusaciones presentaran sus calificaciones. Ahora les tocará el turno a las defensas. Después se fijará el juicio que se celebrará en la Audiencia de Barcelona. El proceso parte de la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, el 19 de enero y el 13 de octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el salario de sus directivos. El FROB suscribió participaciones de la caja por 1.200 millones de euros el 28 de julio del 2010, meses antes del segundo aumento de sueldos. Al año siguiente, invirtió otros 1.718 millones, y en el 2012. 9.024 millones

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para Serra y Todó por dos delitos de administración desleal. La petición de pena se dirige también contra otros 39 miembros del consejo de administración. De ellos, a un total de 17 consejeros, les reclama la misma pena por haber tomado dos veces decisiones sobre el aumento de retribuciones, y a 24, dos años de cárcel, por participar sólo en una votación. Los principales beneficiarios de estos incrementos salariales fueron Todó y el director general asunto, Jaume Massana, aunque también se acordó la subida de las retribuciones del comité de dirección para el 2010. Antes de la aprobación del último incremento de sueldos (octubre del 2010), Caixa Catalunya se fusionó con la de Tarragona y la de Manresa.

SUELDOS EN ALZA

La tesis del fiscal Fernando Maldonado es que, pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de Caixa Catalunya, los sueldos "no dejaron de subir" durante 2009, 2010 y 2011. Y es que entre el 2007 y el 2009, los beneficios de la caja se redujeron  considerablemente y en el 2010 hubo un expediente de regulación que afectó a 1.600 trabajadores.

Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó una atribución fija anual de 600.000 euros --que luego incluso se aumentó-- a lo que había que sumar una retribución variable del 35% condicionada a objetivos. Se estableció para él una prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores. Otra cláusula fijaba que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia. En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012, a lo que hay que añadir las aportaciones a un plan de pensiones. Massana, por su parte, cobró entre el 2008 y 2012 2,8 millones de euros, idica la acusación.

A Serra, además de "elevados emolumentos en concepto de dietas" por presidir las comisiones y el consejo de administración -que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año-, a partir del 2007 se le asignó un sueldo a mayores de 175.000 euros anuales. El fiscal al también alude a "las escandalosas y millonarias indemnizaciones" a otros miembros del consejo en el marco de la irresponsable política de retribuciones, a cuenta de las dimisiones que se produjeron tras la fusión en 2010.