El PP impulsa un registro de lobis descafeinado en el Congreso

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición de ley presentada por el Grupo Popular para crear un registro "obligatorio" de lobbies en el Parlamento de modo que solo los grupos que asuman un código de conducta de transparencia puedan tener acceso a los diputados para hacer valer sus intereses y tratar de influir en la tramitación de las leyes. Si la iniciativa del PP recibe apoyo suficiente, el nuevo registro podría estar operativo antes de un año, según fuentes parlamentarias.

Según Transparencia InternacionalTransparencia Internacional, en España "no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace". La oenegé entiende como algo positivo la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones públicas pero defiende una regulación que permita conocer su "huella legislativa" en los resultados. La iniciativa del PP constituye un primer paso, aunque tímido. El registro de lobbies que plantea el PP permitirá conocer quién puede influir, pero no cómo, ni sobre quién ni con qué resultados, pues no se alude a la publicidad de las agendas. El código de conducta busca garantizar que nadie pague por influir.

Qué es un lobby y otras cuatro dudas más

LOS ANTECEDENTES

La iniciativa del PP parte de que "la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONGs, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es legítima y necesaria para la calidad de la democracia". Por ello, en la exposición de motivos que defenderá la diputada Alicia Sánchez-Camacho se propone una regulación de los grupos de interés con el fin de hacer "más transparente" la participación de "la sociedad civil" en la elaboración de las leyes.

La idea de un registro de lobbies en el Congreso sigue la estela de las instituciones europeas. En España ya existen antecedentes en los creados en el Govern y el Parlament de Catalunya y en otras comunidades como Aragón o Valencia. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha un registro hace un año, de carácter voluntario (el del Congreso sería obligatorio), en el que se han dado de alta casi 400 lobbies entre asociaciones empresariales, empresas, despachos y consultoras, oenegés, grupos académicos y de reflexión, colegios profesionales o fundaciones, entre otros. Solo tres empresas del Ibex 35 (Red Eléctrica, Telefónica y Cellnex) se han inscrito en este registro voluntario que implica haber firmado un código ético de relación con los funcionarios de la CNMC que, entre otras cuestiones, prohíbe traficar con la información obtenida o realizar obsequios o invitaciones a los funcionarios.

PROFESIONALIDAD FRENTE A ‘COMPADREO’

La mayor parte de las grandes empresas prefieren seguir con el viejo modo de relación con la administración "basado en el compadreo",  denuncia David Córdova, socio director de la consultora de Asuntos Públicos Vincesy miembro de la Asociación de Profesionales de la Relaciones Institucionales (APRIAPRI), que defiende un modelo más transparente.

Para Córdova, un registro de lobbies servirá para "disminuir los privilegios de los exaltos cargos políticos o funcionarios que aprovechan sus buenas relaciones para intentar cambiar normas sin ningún control"; también servirá "para eliminar prácticas de diputados y altos cargos que compaginan su actividad con la abogacía". Así, el registro debería ser entendido "como un antídoto" contra las puertas giratorias y no como un estímulo del tráfico de influencias.

"El proceso gana en calidad", asegura Joan Navarro, vicepresidente de Llorente y Cuenca; y en "equilibrio", pues el registro facilitará el acceso a los cargos públicos de grupos menos poderosos. Según Navarro, "desde un punto de vista jurídico, la actividad del lobby está perfectamente regulada en España" desde la propia Constitución (derecho de participación de la sociedad en los procesos legislativos) hasta el Código Penal (que castiga el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias), pero "faltan mecanismos para transparentar esta actividad", por lo que valora la iniciativa del PP como "muy adecuada". "El registro no da ningún privilegio a quien ya lo tiene pero permite abrirlo a otros colectivos", abunda David Córdova.

'LOBBIES DE LOBBIES'

Tanto LlyC como Vinces forman parte de lo que podrían ser ‘Lobbies de lobbies’. LlyC pertenece a Foro Transparencia junto con otros despachos como Roca Junyent, Solchaga Recio y  Asociados, AFI, Cremades y CYC que buscan dignificar la labor de lobby que compaginan con otras tareas. Vinces busca un objetivo similar desde APRI, a la que también pertenecen otras firmas como Deva o Burson-Marsteller. Sin embargo, los fichajes de exaltos cargos por muchas de estas firmas acaban alimentando el debate de las puertas giratorias, como sucedió con la reciente incorporación del exsecretario de Estado de Hacienda Miguel Ferre a Burson-Marsteller.  

Otra forma de ‘lobismo’ profesional es el adoptado por la patronal CEOE, que ha encargado al exdiputado de Unió Josep Sánchez Llibre Josep Sánchez Llibre sus relaciones con las Cortes.

LA ‘HUELLA LEGISLATIVA’

La del PP no será la primera intentona desde el inicio de la democracia de regular los lobbies, si bien ahora se percibe como algo posible pues existe mayor coincidencia entre los grupos políticos.

La iniciativa del PP es casi idéntica a otra registrada por el diputado del PDCat Carles Campuzano, pero es una versión descafeinada respecto de la propuesta que Ciudadanos Ciudadanos incorporó en su proposición de Ley Integral de lucha contra la Corrupción cuya tramitación fue aprobada por práctica unanimidad en el Congreso el 21 de febrero.

A diferencia del PP, la iniciativa de Ciudadanos (en trámite de enmiendas) afecta tanto al Parlamento como al Gobierno; además, esta sí obliga a dar publicidad a través de la web "a la agenda de los cargos, autoridades y representantes públicos, y a la información resultante de la actividad de los lobistas y lobbies y, en particular, a las reuniones y los informes y documentos tratados en ellas o de ellas resultantes", tal como demanda el Consejo de la Transparencia.