Impuesto de patrimonio: un 'no' por un 'sí'

No entro en la legalidad ni en la oportunidad política electoral del nuevo impuesto. Reconozco en todo caso la necesidad de levantar nuevos ingresos públicos: está claro que no es suficiente con contener y recortar gasto. Y no soy partidario de tirar de más déficit, aunque fuera posible financiarlo, para evitar la medicina del ajuste presupuestario por las vías mencionadas. No es bueno que tengamos que depender aún más de los mercados en la financiación de la deuda, algo que todavía a algunos partidarios de más y más gasto les cuesta ver. Prefiero discutir los fundamentos de la medida (eficiencia y equidad) y su racionalidad (la distribución social de las cargas fiscales). Fundamentos: así como eliminar el impuesto de sucesiones no estaba justificado en ningún caso por una hipotética doble imposición

-ya que quien pagaba era distinto al que dejaba la herencia-, el de patrimonio sí. El Estado grava el euro ganado y gastado, como mucho, dos veces: cuando se gana (IRPF) y cuando se gasta (IVA). En cambio, el patrimonio es el resultado de un ahorro acumulado que, en la medida que se mantiene, se convierte en una renta que se grava a perpetuidad. La mala conciencia que genera su aplicación hace que a menudo se le califique de impuesto extraordinario. Además, actúa a menudo como mecanismo de control de la renta. De modo que para los ya gravados por la renta será ineludible, si superan el mínimo, el nuevo impuesto de patrimonio.

En coherencia con lo que he dicho, si son necesarios más ingresos y gravar el patrimonio no es la mejor opción, ¿cuál sería mi propuesta? Pues primero, gravar a los que ahora no pagan porque eluden la imposición básicamente de la renta y aprovechan los descosidos de la legislación fiscal. Y, segundo, haciendo pagar más a los que sí pagan aunque menos de lo que deberían en razón de un conjunto de deducciones o ventajas fiscales que discriminan según los tipos de renta: del trabajo respecto del capital o formas organizativas empresariales (sociedades,

autónomos, empresas supuestamente patrimoniales y familiares).

Es decir, más lucha - y sobre todo, ejemplaridad social- contra el fraude fiscal y quien lo comete (ningún honor para el que se escaquea de contribuir a la causa común), más exigencia jurídica contra los agujeros de la legislación tributaria (que al margen de la inseguridad que generan permiten el fraude legal) y una regulación más equitativa de las rentas del capital. Creo que sería hora de que los beneficiarios de las sociedades de inversión pagasen por esos rendimientos al tipo marginal de su IRPF, y no a tipos lineales únicos bonificados del 19% al 21%. No veo la razón por la que una renta de esfuerzo-trabajo tenga que pagar más que una de riesgo-capital.

Entiendo el argumento de que los beneficios de hoy en día son muy escasos como para esperar de esta medida una gran recaudación. Posiblemente pase algo similar con el nuevo impuesto, dada la evolución de algunos patrimonios. En este sentido, si prescindo de las consideraciones anteriores, estoy dispuesto a ser comprensivo con el nuevo impuesto, que creo que se legitimaría más si estuviera acompañado de la mejor equiparación del gravamen de rentas antes propuesta. Pero en todo caso, mejor gravar el patrimonio que el consumo. Incrementar el IVA y los impuestos especiales es más goloso para los políticos, ya que los ciudadanos lo perciben menos y permite recaudar más, pero gravar el consumo es, sobre todo, socialmente más regresivo. Y en el reparto de los costes de la crisis no se debería permitir más veleidades a los políticos si se quiere que el cuerpo social aguante la purga a la que nos estamos sometiendo.