Hacienda 'caza' a más de 20.000 dueños de pisos turísticos

La Agencia Tributaria empieza a requerir a propietarios para que declaren sus ingresos

Una joven sale con su equipaje de un inmueble situado en el centro de Barcelona.

Una joven sale con su equipaje de un inmueble situado en el centro de Barcelona.

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

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La Agencia Tributaria ha cazado a más de 20.000 titulares de pisos, tanto personas físicas como sociedades, dedicados al alquiler turístico en negro en Catalunya. Tras una detallada indagación a través de una cincuentena de portales de internet dedicados a la comercialización de este tipo de estancias, Hacienda ha procesado la información y ha empezado a requerir a afectados en relación a los ingresos opacos obtenidos por esta vía en el 2011, 2012 y 2013, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de estas investigaciones.

Las distintas fuentes consultadas estiman que son más de 20.000 los contribuyentes que se verán afectados por estos requerimientos en Catalunya. El objetivo de la Agencia Tributaria es que se pongan al día y que declaren los ingresos de los ejercicios no prescritos (los últimos cuatro), aunque las reclamaciones que se han hecho hasta ahora se refieren a tres ejercicios. Si son particulares se trata del impuesto de la renta e incluso puede afectar a la del patrimonio. Y sin son personas jurídicas, el impuesto de sociedades.

CONCENTRACIÓN EN BARCELONA

La actividad, muy concentrada en ciudades con grandes masas de turistas como es el caso de Barcelona, se ha convertido en un gran negocio y una vía de ingresos complementaria para ciudadanos y sociedades que poseen más de un inmueble, así como para las webs que intermedian las operaciones. Las primeras cifras obtenidas con algunas regularizaciones revelan una cuota media defraudada por año de unos 2.500 o 3.000 euros en el IRPF, según las mismas fuentes.

El objetivo no es tanto perseguir a quienes alquilan esporádicamente en verano o en momentos puntuales una habitación o una vivienda sino a quienes han convertido esta práctica en un negocio libre de impuestos. Otros de los que están en el punto de mira son los intermediarios que en muchos casos alegan que tienen su sede en otros países, en general en paraísos fiscales o jurisdicciones con una baja o nula tributación.

QUEJAS DEL SECTOR Y VECINOS

En realidad algunas de estas plataformas operan como auténticas inmobiliarias con contratos con los titulares de las viviendas y un proceder similar a si el inmueble fuera de su propiedad, según explican expertos fiscalistas.

Hacienda inició esta ofensiva el año pasadoHacienda , tras detectar que el arrendamiento de apartamentos y viviendas para turistas se había convertido en un auténtico boom en ciudades como Barcelona. El plan se extendió luego a otras zonas turísticas del resto de España. Uno de los orígenes de estas actuaciones fueron las quejas tanto del sector hotelero y de los apartamentos como de comunidades y asociaciones de vecinos afectados y molestos con las actividades de alquiler turístico.

El plan de control tributario de este año tiene en la vigilancia de estas actividades uno de sus pilares. En el texto se hace referencia a los intermediarios pero también a particulares «que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías».

Para obtener los datos, el fisco se vale de la información física, pero también de la que circula por internet con técnicas de análisis de las redes sociales para obtener información e introducirla en la base de datos de la Agencia Tributaria. «Lo importante y relevante es indagar sobre la información económica que hay en abierto en internet», explicaron fuentes de Hacienda.

Uno de los objetivos del plan es aflorar economía sumergida que, además de evadir el pago de impuestos constituye competencia desleal para los negocios que tributan de forma correcta. En el fondo, se trata de actuar «en aquellos sectores en los que se aprecie una especial percepción social sobre la existencia de elevados niveles de economía sumergida».

Además, una actuación coordinada a nivel nacional y, en ocasiones, in situ, persigue el efecto de «agitar el árbol» e incluso provocar la presentación de declaraciones de impuestos complementarias. Barcelona es una de las zonas en las que proliferan los apartamentos turísticos, pero no la única.

El plan de control se refiere a actuaciones «en el sector servicios enfocadas al descubrimiento de actividades y rentas ocultas en negocios de la economía sumergida». Además de los particulares, también están en el punto de mira «aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales», así como «los alquileres irregulares no declarados».