El Gobierno maniobra para frenar el tarifazo

escándalo. Tras conocerse ayer que el recibo de la luz podía subir una media de más del 11% en enero se desató un terremoto político que forzó al ministro de Industria,

José Manuel Soria, a barajar la opción sin precedentes de invalidar la subasta trimestral con la que se fija el 40% de la factura que pagan más de 20 millones de usuarios.

La subasta Cesur, a la que con-

curren los productos y comercializadores eléctricos, cerró con un encarecimiento del componente energético del 25,6%, lo que supone una repercusión directa del 10,5% en el recibo. A ello habría que sumarle «algo menos del 1%» de los peajes, la parte que establece el Gobierno. El día anterior, el propio Soria dijo que el alza sería del 2% como máximo y unos días antes descartaba incluso la posibilidad de que el Ejecutivo los subiera o bajara.

SIN COMPETENCIA /«El Gobierno cree que no ha habido competencia», sentenció en el Congreso, donde el PSOE exigió su dimisión. De hecho, Soria, que tachó de «inaceptable» el resultado de la puja, se acogió a una orden ministerial del 2009 que contempla la posibilidad de invalidarla si se detectan «comportamientos no competitivos u otras faltas en el desarrollo de la misma». «Espero y deseo que (este repunte) sea frenado», defendió Soria, al tiempo que insistió en la necesidad de esperar al informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de desvelar posibles actuaciones.

Ese mecanismo, recogido en el artículo 14 de la orden ministerial 1659/2009 de 22 de junio, otorga a la CNMC (el ente que integró a la Comisión Nacional de Energía y otros reguladores) un plazo de 24 horas para certificar la corrección de la puja. Si se declara nula, el precio que sale de la misma no se debe tener en cuenta al calcular la tarifa para el trimestre, según la misma norma.

El ministro anunció que espera el resultado de ese estudio del regulador para tomar una decisión, pero ayer no se descartaba la posibilidad de que sea el Consejo de Ministros de hoy el que se pronuncie sobre esta materia. La norma concede a la Secretaría de Estado de Industria 48 horas desde la recepción del informe de la CNMC para pronunciarse.

«Si se detectara que la subasta Cesur no ha cumplido con los requisitos mínimos necesarios se tomarían de inmediato las medidas necesarias para que este precio no impacte sobre los consumidores», insistieron fuentes del Gobierno.

La patronal eléctrica, Unesa, destacó a través de su presidente, Eduardo Montes, que la subasta de energía de ayer, «ha seguido exactamente el mismo procedimiento» que en otras pujas. Montes agregó que «varias veces se han hecho análisis de las subastas y siempre el resultado ha sido que no había ningún problema en ellas», de manera que «esta vez no tiene por que ser diferente». Recordó que este año «llegó a producirse un fuerte descenso» del 15% en abril. En cambio, ahora «es verdad que el precio es más alto».

MOVIMIENTOS INUSUALES /De hecho, la CNMC abrió hace pocos días una investigación para determinar qué produce «movimientos inusuales» en los precios mayoristas durante los últimos días. La sala de supervisión regulatoria solicitó a la dirección de Energía de la CNMC, a petición de Industria, que abriera una fase de información previa «sobre las oscilaciones de precios registradas en general, y específicamente entre el 2 y el 9 de diciembre».

El despegue en el mercado mayorista se produjo tras conocerse que el Gobierno no asumiría a través de los Presupuestos los 3.600 millones de déficit de la tarifa sobrevenido de este año. Aunque posteriormente el Ministerio de Hacienda se comprometió a avalar que las compañías convirtieran en títulos negociables la nueva deuda, los aumentos en el mercado de la generación siguieron.  A pesar de  la tendencia alcista, el Gobierno no esperaba un alza de más del 8% en la subasta.

«El precio se ha visto influido por el mercado mayorista de electricidad en las últimas semanas que ha sido anormalmente alto, pero actualmente está ya normalizándose», según fuentes oficiales.

El alza en el mercado no podía ser más inoportuna. En un país con los salarios a la baja y en el que las pensiones subirán un máximo del 0,25% el año que viene, resulta difícil de digerir un tarifazo como el que podría aplicarse en enero. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la subida de la luz podría traducirse en unos 110 euros anuales más para las familias.

De hecho ya hay muchos colectivos que tienen dificultades para pagar el recibo. Y más desde que en agosto aumentó el peso de la parte fija (se paga en función de los kilovatios contratados), con lo que el ahorro obtenido por no consumir puede reducirse e incluso desaparecer.

Se da la circunstancia de que el PP votó esta misma semana en contra de una propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con un conjunto de medidas para prevenir la pobreza energética.

Entre las propuestas destacaba  la opción de prohibir a las compañías eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos.