El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander

El Gobierno en funciones ha indultado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de denuncia falsa. El ministro portavoz, José Blanco, no ha querido aclarar si ha tomado esta decisión con el apoyo del PP, partido que ganó las elecciones generales del pasado domingo. Además de a Sáenz, el Gobierno también ha indultado a Rafael Jiménez de Parga y a Miguel Ángel Calama

Con todo, los antecedentes penales quedan, lo que impediría a Sáenz seguir ejerciendo de ejecutivo del banco, porque incumpliría los requisitos de honorabilidad que marca el Banco de España. Por eso Sáenz ha presentado un recurso contra la sentencia al Tribunal Constitucional que está por dirimir.

El Ejecutivo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero recuerda que los hechos juzgados tuvieron lugar hace 17 años y anuncia que la pena de prisión y de inhabilitación con que se les condenaba se conmuta por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno español, José Blanco, ha manifestado que no es habitual informar de los indultos que hace el Consejo de Ministros, pero ha confirmado que el caso de Sáenz, Jiménez de Parga y Calama se ha tratado. Posteriormente, una nota de prensa del Ministerio de Justicia ha informado de la conmutación de la pena.

El 'caso Banesto'

La pena a la que hace referencia el indulto se remonta a un delito que se produjo hace 17 años. En 1994, Banesto fue intervenido por el Banco de España. Sáenz era entonces presidente de ese banco, y presentó una querella contra cuatro empresarios por estafa y alzamiento de bienes.

Esa causa se acabó archivando, no sin que antes los empresarios hubieran ido a prisión por orden del juez Pasqual Estevill, que finalmente fuera condenado por prevaricación y detención ilegal. Tras el archivo, los empresarios recurrieron y la causa contra Sáenz acabó en la condena de tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones en banca que ahora el Gobierno español ha conmutado.