La fiscalía denuncia a Serra, Todó y Masana

Era una cuestión de tiempo que la justicia acabara interesándose por las descapitalización de Catalunya Caixa, como ya ha ocurrido con otras antiguas cajas. Ayer, la  Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación del expresidente entre el 2005 y el 2010, Narcís Serra, el exdirector general Adolf Todó, el exconsejero delegado, Jaume Masana así como de otros 50 miembros del consejo de administración en el 2010, por aprobar «desproporcionados» aumentos retributivos de los tres altos cargos pese a la «real situación de insolvencia» de la entidad.

Según la denuncia, firmada por el fiscal del grupo especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, Fernando Maldonado, en CatalunyaCaixa han existido en los últimos años aumentos de retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas, «máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica» y que denotan «un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos».

La querella de la fiscalía se dirige básicamente contra los miembros de los consejos de administración que firmaron los acuerdos adoptados en enero del 2010 y noviembre de ese mismo año en los que se determinaron subidas retribuciones de los principales ejecutivos de la caja y de las pólizas suscritas para cubrir los fondos de pensiones en un marco en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que hacer una aportación del 1.200 millones de euros  de dinero público.

ABUSO DEL CARGO / Según la fiscalía, los 53 miembros del consejo de administración denunciados incurrieron en un delito de «adminsitración desleal» al aprobar aumentos retributivos y garantizar indemnizaciones a los ejecutivos «con evidente abuso del cargo», ya que «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera».

El elevado número de consejeros imputados se debe a que en noviembre del 2010 se integraron los consejos de administración de las tres cajas fusionadas -Catalunya, Tarragona y Manresa- y provisionalmente se mantuvieron a todos los representantes de los órganos de gobierno de esas entidades hasta que se depuró su número al constituirse la entidad en un banco.

Los hechos que la fiscalía denuncian corresponden a la decisión del consejo del 19 de enero del 2010 de  aprobar la propuesta de la comisión de retribuciones que proponía un aumento del salario variable anual de Todó del 35% al 50% y del 35% al 45% para Masana.

OPOSICIÓN Y ABSTENCIÓN/ En todo caso, subraya que el acuerdo se adoptó con la oposición de la consejera Sara Cardona, representante sindical del CESICA y la abstención de Josep Alonso y Genis Garriga, representantes de CCOO. La fiscalía no les imputa por ese acuerdo, pero sí lo hace, como al resto de consejeros, por la decisión del 13 de noviembre del 2010 en la que se aprobó una subida salarial para Todó hasta 812.481 euros y para Masana hasta 610.201. Se destaca que de los 53 miembros de ese consejo, siete votaron en contra y otros siete se abstuvieron, pero no figuran sus nombres en las actas, por lo que fiscalía ha decidido imputar a todo el consejo hasta conocer la identidad de quienes no respaldaron la decisión. Fuentes sindicales señalaron ayer que los representantes de los trabajadores no dieron el visto bueno y que, previsiblemente, entre los representantes de los impositores también hubo alguna voz discrepante.

La denuncia subraya que en aquellos órganos de gobierno de la caja se aprobaron los contratos iniciales de Todó y Masana, donde se incluyen los derechos por pensiones y prejubilaciones «de un importe tan elevado como perjudicial para los intereses de la entidad». De hecho Todó era titular de provisiones matemáticas  por diferente pólizas de seguros y planes de pensiones de 8,2 millones de euros y Masana, de 1,7 millones. Entre las cláusulas contractuales de la pensión se establece que en caso de fallecimiento, la hija de Todó, como beneficiaria, puede percibir una pensión vitalicia por el importe del 50% del sueldo percibido en los últimos 12 meses.

La fiscalía enfatiza que las retribuciones variables subieron del 35% al 50% del salario fijo, cuando el FROB estaba apunto de aportar 1.250 millones de euros, «y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y del mismo FROB». Sobre Serra destaca que, pese a tener un cargo representativo, tenía elevados emolumentos en dietas que en el 2010 ascendieron a 246.393 euros.