La Fiscalía de la Audiencia Nacional se suma al cerco judicial a VW

La presión y las denuncias de organizaciones de consumidores han obligado a la justicia española mover pieza en el escándalo de los motores trucados de Volkswagen. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el grupo Volkswagen informe al juez de los vehículos afectados en España por el programa informático que manipula datos de emisiones y que identifique a la empresa a la que se le encargó la trampa. Con esta decisión, España se suma a los países que han puesto en marcha el cerco judicial a Volkswagen, entre los que se encuentran Alemania, Italia y Estados Unidos.

La fiscalía ha solicitado al juzgado de Ismael Moreno que investigue las querellas presentadas por Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la defensa de Afectados de Motores Volkswagen por los presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude de subvenciones y contra el medioambiente. Pese a todo, la reacción de la justicia española es por ahora más suave que la de Italia y Alemania, donde se han ordenado registros y se tomado declaración a directivos.

CONSECUENCIAS / En el escrito que dirige la fiscalía al magistrado, se apunta a las consecuencias del dieselgate para el medio ambiente y las arcas públicas. El grupo alemán vendió en España 683.626 vehículos con los motores trucados de las marcas Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Audi, Seat y Skoda entre los años 2009 y 2015.

El fiscal considera que las emisiones de esos motores pueden «haber causado daños sustanciales a la calidad del aire» y que el engaño también podría haber supuesto el «desembolso injustificado del erario público», en relación con las ayudas concedidas por la compra de los coches manipulados mediante el plan PIVE. Por todo ello pide al juzgado que requiera al Ministerio de Industria toda la información que posea sobre el caso, así como el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense (EPA) y otras pruebas periciales, los informes que le haya aportado la compañía y la cuantía de las ayudas públicas que se hayan podido otorgar para la adquisición de los vehículos.

Industria ha exigido a Volkswagen «que demuestre técnicamente» que el software que sirve para falsear los datos de emisiones contaminantes de algunos de sus motores diésel afectaba únicamente al óxido de nitrógeno (NOx) y no al dióxido de carbono (CO2), que es el que tiene en cuenta el PIVE a la hora de determinar qué vehículos pueden recibir los incentivos públicos.

El anuncio de la investigación judicial por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional fue recibido por parte de Seat con la predisposición a colaborar. Para el presidente del comité de empresa, Matías Carnero, la investigación tiene que seguir adelante y acabar con la condena de los culpables.

Los sindicatos consideran que los trabajadores del grupo Volkswagen y, en especial, los de las fábricas de Martorell y de VW en Pamplona, son víctimas de las malas prácticas y del engaño de algunos directivos del grupo. «Hemos estado construyendo algo que no era lo que se decía», indicó el dirigente sindical de UGT.

Sin embargo, los sindicatos también son conscientes de que el escándalo puede tener consecuencias negativas para la plantilla debido al recorte de las inversiones planificadas que no sean imprescindibles y por un descenso de las ventas por el deterioro de la imagen de las marcas implicadas. Por ello han pedido a los consumidores que mantengan su decisión de comprar un coche y sean fieles a la marca en la que habían pensado.

La investigación judicial se produce en plena negociación del Gobierno central y los autonómicos de Navarra y Catalunya con la cúpula de Volkswagen sobre las ayudas que exige el grupo para mantener sus planes de invertir 4.200 millones hasta el 2019 en España. El ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que «prácticamente a todas las fábricas en España que han dotado de una carga de trabajo adicional a sus plantas» han recibido ayudas financieras.