Ismael Clemente: "Los inversores aplauden la cárcel para los corruptos"

Ismael Clemente (Valencia de Mombuey, Badajoz, 1970) es el nuevo rey del inmobiliario. Ha levantado en lo peor de la crisis el mayor grupo del sector, especializado en el alquiler de oficinas, centros comerciales y logística, con activos de 9.300 millones de euros y cotizado en el Ibex 35. No es un recién llegado: cuenta con una larga trayectoria en el Deutsche Bank, donde gestionó operaciones millonarias como la venta del Hotel Arts de Barcelona con 129 millones de plusvalías. Cuando el banco se replegó de España en el 2012, se quedó sin trabajo junto a su equipo. Diseñaron Merlin, lograron 1.292 millones de inversores extranjeros y empezaron a comprar activos a precios bajos. La primera gran compra fue Testa, filial de Sacyr. La última ha sido Metrovacesa, que ha sentado en el consejo de su firma a Santander, BBVA y Popular. Clemente tiene un despacho pequeño en un edificio de la Castellana, sin ningún lujo de los que solían hacer gala las inmobiliarias en la época de la gran burbuja. 

¿El sector inmobiliario es responsable de la crisis española? Los excesos los generaron empresarios sobrendeudados, banqueros que permitieron ese sobrendeudamiento para cobrar bonus a corto plazo, e instituciones públicas que se financiaban con ingresos no recurrentes como si lo fueran para dar subvenciones a todo el mundo. Una connivencia de intereses. Creó el problema de que la gente asocia inmobiliario con construcción residencial e incluye en el sector a compañías como Merlin, de gestión patrimonial. No tiene nada que ver. Nuestra premisa fue desde el principio separar nuestra actividad totalmente de la construcción residencial. Pero en el subconsciente colectivo ha quedado que inmobiliario es construcción de vivienda, soborno a concejales y problemas similares. 

¿Se ha purgado el sector? En general, sí. Ha mejorado mucho. Ha desaparecido esa red empresarial que existía antes y está empezando desde cero. Es muy desagradable como ciudadanos y contribuyentes ver todos los días noticias de corrupción y a gente desfilando por los juzgados. Pero lo españoles somos demasiado autrocríticos. Los inversores extranjeros aplauden la cárcel para los corruptos. Lo interpretan como que el sistema funciona.

¿Los empresarios han aprendido la lección? Un cambio fundamental es que la edad de los ejecutivos y los consejeros está bajando. Los nuevos tienen estándares éticos mayores porque han estudiado fuera y proceden de una España menos cortesana y autoritaria.  Durante años, el deporte nacional ha sido hacerte amigo de un político para vivir del BOE, logrando un momio público o semipúblico. El peso del sector público en la economía es altísimo, del 56% aproximadamente, frente al en torno al 30% en Estados Unidos. En economías como la andaluza y la extremeña puede ser del 85%, prácticamente no tienes oportunidad de vivir al margen del sector público. Cambiar ese esquema no es sencillo, pero soy optimista, se irá haciendo poco a poco. España está cambiando para bien.

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¿Los políticos han cambiado? En general, la Administración Pública no te ve como un contribuyente o cliente, sino como un subordinado o vasallo. Un inversor extranjero en un país de Europa del sur no quiere que tengas ninguna relación con la administración a ser posible, porque no se fía. Pero en el sector pública hay hoy gente con otro ánimo, que intenta hacer las cosas bien, incluso la más pintoresca.

¿Se refiere a Ada Colau? Me refiero a gente pintoresca, que no tiene ni idea de economía ni de cómo funcionan los mercados internacionales y dañan a sus ciudades  con sus ocurrencias. Pero tienen buena intención, y eso ya es un cambio importante respecto al pasado.

¿Ha tenido problemas por hablar tan directamente? Muchos. Con la administración nunca, porque siempre he procurado tener la menor relación posible. Cuando me piden algo, intento dar todo lo que puedo. Pero intento no pedir nada, porque los favores que pides disparan de vuelta. Algunos amigos sí me dicen que sea más prudente. Pero es bueno no engañar a la gente, decir las cosas como son. En general, los empresarios empiezan a hablar de forma más clara, ya no todos dicen: la compañía va genial y estamos creando valor para el accionista.

¿Fuera es más normal? Sí. En Estados Unidos, muchos consejeros delegados han dicho que la victoria de Trump es una desgracia para el país. ¿Quién diría algo así en España? Nadie, por el peso del sector público en la economía.

Ha pronosticado seis o siete años buenos para su sector. ¿Qué riesgos hay de que no se cumpla? En España, volver a la incertidumbre política, al conflicto diario entre partidos y a la falta de un Gobierno que continúe la modernización y las reformas. También el de tensión territorial entre regiones o con el Estado central. En el exterior, un freno del comercio mundial por la llegada al poder de personas pintorescas en diferentes países que afecte a las exportaciones y al turismo.

¿La política frenó la inversión? Sí. Si no sabes si el presidente del Gobierno va a ser una persona normal, como mínimo las compras innecesarias no las haces. Hasta el 30 de junio, no se notó en la afluencia y ventas de los centros comerciales, pero en el tercer trimestre se moderaron por el culebrón político. En el cuarto, han vuelto a crecer. En oficinas pequeñas, de menos de 2.000 metros cuadrados, no se notó por el aumento de plantillas. Pero en las grandes, estaban esperando a ver cómo acababa la situación política porque podían llegar a irse del país. La demanda estaba embalsada. Pero desde que se formó el Gobierno, no he visto un nivel de actividad en el mercado igual en mi vida.

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¿Y riesgos en el propio sector? Intrínsecos al ciclo inmobiliario no hay muchos. De sobreoferta no hay, no se ven prácticamente grúas. Hay algunas en residencial en las grandes ciudades para transformación de edificios. Empieza a haber compañías que compran suelo. Podría haber riesgo de sobrecalentamiento, pero está muy lejos. Tampoco hay sobreconstrucción: este año se van a visar algo más de 50.000 viviendas en un país que llegó a visar 825.000. En logística alguna más asociadas al comercio online, que las absorbe rápido. En centros comerciales, ninguna. Casi todas las comunidades están funcionando con moratorias.

¿La Administración entorpece? El exceso de legislación no ayuda. A los inversores extranjeros lo primero que les sorprende cuando vienen a España es la división del mercado, que en un país tan pequeño haya 17 reinos de taifas, cada uno con su propia legislación. En aquellas que tienen una ley de urbanismo más compleja o una trayectoria más oscura en la forma de funcionar, no quieren trabajar. Debería haber una legislación urbanística común para toda España. Un país con 46 millones de habitantes ya tiene la desgracia de ser bastante pequeño, pero si lo divides en 17 minipaíses es peor todavía. No tiene ningún sentido.