El 17-M de los jubilados, distanciado de los sindicatos

Los pensionistas españoles aspiran a suceder al Movimiento 15-M con un ambicioso 17-M que consiga cambiar la política económica de recortes sociales del Gobierno de Mariano Rajoy. La convocatoria de más de un centenar de manifestaciones en España este sábado quiere ser un punto de inflexión para el replanteamiento de la agenda económica de un Ejecutivo, que erró al conceder una subida del 0,25% a un colectivo electoral vital para el futuro político de España y no supo prever las consecuencias que tendría esa decisión. 

Los convocantes de la convocatoria son fundamentalmente plataformas independientes de jubilados pero también los sindicatos y la oposición política se ha sumado a la mayoría de las demandas de este colectivo. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha aglutinado a su alrededor múltiples organizaciones sociales vinculadas a los pensionistas. Por muchos relacionada con el entorno de Podemos, la organización ha marcado distancias con los grandes sindicatos.

Discrepancias con los sindicatos

El motivo central de la discrepancia entre las plataformas y los sindicatos hay que buscarlo decisiones del pasado y cuentas pendientes. Los pensionistas reclaman la derogación de la reforma del sistema de pensiones realizada en el 2013 por el Gobierno del PP, y la aprobada en el 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero, consensuada por los sindicatos. Las organizaciones de pensionistas disparan sus dardos a diestra y siniestra.

"En el año 1985, el Gobierno de Felipe Gonzalez, dada la insistencia del FMI y del BM, aprobó una reforma que pasó la base reguladora de la pensión de dos años a ocho años. Eso provocó una huelga general. Como dichos organismos internacionales seguían presionando, empezaron a pensar en el Pacto de Toledo. Apartaron a Marcelino Camacho de la dirección de CCOO y lo sustituyeron por alguien más dócil. Antonio Gutierrez llegó a la Secretaria General. Como consecuencia, se firmó un Pacto de Toledo con unos cuantos puntos negativos. El primero fue el descontrol del gasto del superávit de la Seguridad Social. Algunos economistas coinciden en que hoy tendríamos medio billón de euros de superávit", explica Domiciano Sandoval, portavoz en Catalunya de Marea Pensionista. 

Críticas al Gobierno de Rajoy

Las críticas a Rajoy son más duras si cabe. La tesis global del movimiento de los jubilados del 17-M considera que el problema de las prestaciones de los pensionistas no es de falta de recursos sino de política económica destinada a privilegiar a las rentas más altas y a la banca. Existe dinero para rescatar a la banca, a las concesionarias de autopistas y para apoyar a las empresas constructoras como el caso Castor, pero no para las rentas más bajas. 

Uno de cada tres pensionistas cobra una prestación por debajo del umbral de la pobreza. Los técnicos del Ministerio de Hacienta (Gestha) estiman que el 32,6% de los pensionistas cobran menos de 8.200 euros mensuales y la mayoría (el 60,4%) son mujeres. 

Financiar con los Presupuestos

Los convocantes de las manifestaciones reclaman que sean los Presupuestos del Estado los que sufraguen directamente el coste de las pensiones para evitar la politización del asunto. "El peor de los fallos se produjo al separar las fuentes de financiación de las pensiones contributivas y pasar a pagarlas solamente con las cotizaciones sociales, ya que hasta esa fecha los Presupuestos respaldaban el pago de las mismas si las cotizaciones no llegaban. A partir de ahí los partidos políticos, además de jugar a su antojo con los votos de los pensionistas, han tenido las manos libres para hacer políticas de destrucción de empresas muy potentes, donde se concentraban los trabajos que más cotizaban, naval, siderurgia, minería, telecomunicaciones…", explica Sandoval. 

La amenaza de la privatización

Las plataformas de jubilados alertan de que el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es fomentar el negocio de los planes privados de pensiones, solo interesantes para las rentas más altas. El mismo secretario general de Gestha, José María Mollinedo, reconoce que "teniendo en cuenta los casi 2.000 millones que nos cuestan los planes privados de pensiones de los que se benefician principalmente las 380.000 personas con rentas más altas, no se entiende la falta de voluntad política para acordar financiar con impuestos las pensiones no contributivas y equilibrar el presupuesto de la Seguridad social, y así poder revalorizar las pensiones en función del IPC para mantener el poder adquisitivo".