Competencia impone una sanción histórica a 5 petroleras

Mazazo a las petroleras. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 32,4 millones a cinco petroleras, la mayor de la historia para el ramo, por prácticas restrictivas de la libre concurrencia. La sanción más abultada corresponde a Repsol, con 20 millones; seguida de Cepsa, con 10 millones.

El resto se reparte entre Disa --red de gasolineras de la familia Carceller (Damm)--, con 1,3 millones; la portuguesa Galp, con 800.000 euros; y la catalana Meroil-propiedad de varios dueños de gasolineras-, con 300.000 euros. La resolución de la Sala de Competencia incluye votos particulares de dos de sus cinco miembros, Fernando Torremocha y Benigno Valdés, pero la decisión final properó gracias al apoyo del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y de las vocales María Ortiz e Idoia Zenarrutzabeitia.

Las multas provienen del expediente S/0474/13 abierto en el 2013. En su resolución, la CNMC concluye que las compañías infringieron el artículo 1 de la ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de la Unión Europea (UE). Las prácticas de intercambio de datos y pactos de no agresión se hicieron en zonas de paso estratégicas y en épocas vacacionales, cuando hay más afluencia de vehículos en las carreteras.

Zona de Sant Joan Despí

La CNMC considera probado que Repsol y Cepsa cerraron un acuerdo para coordinar en las gasolineras de Brea de Aragón e Illueca (Zaragoza) en julio del 2013. También mantuvieron «un pacto de no agresión» en julio y agosto del 2011 «en relación con las acciones de injerencia en cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra». A su vez se les imputan «intercambios de información estratégica» en el 2011, 2012 y 2013 en gasolineras gestionadas por una de ellas y abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra. También se recoge «un pacto de no agresión de precios entre Cepsa y Disa» entre julio y septiembre del 2011 y otro entre ambas sobre «los precios a aplicar en julio del 2013 en Ceuta».

Asimismo se denuncian «intercambios de información de Disa y Meroil» en el 2012 sobre los precios en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (Baix Llobregat); y en el 2013 «en relación a sus márgenes operativos». El fallo de la CNMC también menciona «un intercambio de información entre Galp y Meroil» en relación a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo del 2013.

Otro expediente pendiente

El expediente inicial se desglosó en dos. El primero es el ahora resuelto. El otro, el S/0484/13, está pendiente y se debe a «la coordinación en materia de precios» entre los operadores y los empresarios independientes que operan con sus marcas. Ese, además de Repsol y Cepsa, afecta a BP y a las empresas Lence Torres, Complejo San Cristóbal, Cerro de la Cabaña, Estación de Servicio Macar y Estación de Servicio Lorqui.

La investigación comenzó en el 2013 «tras constatarse incrementos significativos en el precio de los carburantes en un contexto de niveles generales de precios minoristas en España más elevados» de los países del entorno. La

CNMC, entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por un lado y Comisión Nacional de Energía (CNE) por el otro, practicó inspecciones para certificar «posibles conductas bilaterales anticompetitivas».

Pugna y recusaciones

La pugna de las petroleras y la CNMC llega en un momento de recusaciones de Repsol y el sector al presidente del organismo, José María Marín Quemada y otros consejeros. Repsol recurrirá la multa ante la Audiencia Nacional y la tacha de «injusta, desproporcionada e ilegal». También Cepsa pleiteará, al igual que Meroil, que la multa «arbitaria, injusta e ilegal».

Hace unos días, la CNMC sancionó a Cepsa con 2,5 millones y a BP con 750.000 euros por imponer los precios a la red de gasolineras de terceros que operan con su marca. La multa, rebajada a BP tras las alegaciones, fue por un expediente del 2009, que la CNMC acusa a las compañías de incumplir. Repsol, que recurrió ante los tribunales, está sancionada con cinco millones, pero espera la decisión de los jueces.

La Federación Nacional de Transportistas consideró «insuficiente y no ejemplarizante» la sanción. Facua reclamó al Gobierno que intervenga los precios de la gasolina.