Colegios a la catalana

El proceso para elaborar una nueva ley de colegios profesionales en Catalunya avanza. Aunque ha surgido alguna voz discrepante y a pesar de que el Gobierno central prepara una reforma que se ha caído de la agenda del Consejo de Ministros de hoy, en conjunto, la elaboración del texto sigue con consenso, según algunas fuentes consultadas por este diario.

En especial hay tres puntos que han suscitado acuerdo, según fuentes participantes en el proceso: el respeto a la autonomía de estos organismos profesionales; su consolidación como entidades de derecho público y la aplicación del principio de «no jerarquía» de los colegios catalanes frente a los entes de carácter estatal.

El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha querido que la futura norma se debata con todo el sector. De hecho, la Associació Intercol·legial, que agrupa a 131 colegios y más de 50 profesiones, participa activamente en los trabajos. «La ley la hacemos con los colegios y, por tanto, no será de la conselleria, sino de la conselleria y de los colegios, que realizan aportaciones al texto común que se está elaborando», explicaron fuentes del Departament de Justícia.

De esta forma salieron al paso de algunas voces críticas que han surgido a raíz de este proceso de creación de una nueva ley que sustituya a la del 2006 y blinde las competencias catalanas frente a la reforma que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La propia Associació

Intercol·legial, cuyo presidente, Oriol Rusca, avala actualmente los trabajos emprendidos, remitió el pasado 17 de junio una carta a Gordó en la que le pedía que «reconsiderara la oportunidad de la reforma legal en los términos previstos» y que valorara la posibilidad de «una modificación puntual de la ley actual o de su desarrollo reglamentario».

La misiva, en la que se denunciaba «una posición más intervencionista de la Administración», hacía referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó la adecuación a la Carta Magna de la norma catalana del 2006, que es la que rige en la actualidad, «excepto en el régimen de colegiación».

Con este entorno legal, y con una reforma que prepara el Gobierno y que modifica sustancialmente y recentraliza competencias, los representantes de las distintas profesiones entendían en la carta remitida a Gordó que el Estado podía recurrir ante el Constitucional, «con la correspondiente suspensión temporal en su eficacia y los riesgos de seguridad jurídica que eso comporta».

Pero tanto la Intercol·legial como la conselleria aseguran que el consenso se está imponiendo. Y Gordó, que se comprometió a elaborar esta norma con carácter «colectivo», mantiene su propósito firmemente. Representantes de colegios que intervienen en las negociaciones con la Conselleria de Justícia, a través de la Taula Lletrada, como el de administradores de fincas, afirman que comparten la necesidad de una nueva ley catalana. O sea, que hacen piña. Al menos en público.