Bruselas sanciona a Starbucks y Fiat por los acuerdos fiscales

El carrusel de sanciones por los acuerdos fiscales -tax rulings en inglés- suscritos entre grandes empresas y algunos Estados miembros para ahorrarse el pago de impuestos ha arrancado hoy con el anuncio de los primeros sancionados. Son la multinacional norteamericana Starbucks y el fabricante de coches italiano Fiat porque los pactos que cerraron, con el Gobierno de Holanda la primera y con el de Luxemburgo la segunda, constituyen según Bruselas "ayudas de Estado ilegales". La decisión obliga a ambas empresas a reembolsar a las haciendas de ambos países entre 20 y 30 millones de euros en impuestos no abonados.

"Las decisiones tributarias anticipadas que reducen artificialmente la carga fiscal de las empresas no están en línea con las reglas sobre ayudas de Estado de la UE”, advierte Margrethe Vestaher, la comisaria encargada de llevar a cabo la investigación que arrancó en junio de 2014. “Esta decisión lanza un mensaje muy claro y espero escuchado por todos los gobiernos de los Estados miembros y las empresas. Todas, grandes y pequeñas, multinacionales o no, deberían de pagar la parte justa que les corresponde", añade.

La Comisión Europea alega en su decisión que los acuerdos fiscales cerrados ofrecen a ambas compañías una ventaja selectiva frente a otras empresas ya que les permiten ahorrarse millones en impuestos. Los pactos, secretos hasta que fueron destapados en noviembre del año pasado por una investigación periodística, les permitieron canalizar todos sus beneficios hacia los citados países y minimizar la factura fiscal que en circunstancias normales habrían tenido que abonar. “El resultado es que pagaron prácticamente nada por sus beneficios”, explica Vestager. En el caso de la firma italiana su pacto fiscal con Luxemburgo data de 2012 y tendrá que devolver entre 20 y 30 millones de euros. El mismo montante que Bruselas exige abonar a Starbucks cuyo acuerdo con la hacienda holandesa se remonta a 2008.

La decisión supone un precedente importante de cara a otras investigaciones que mantiene abiertas la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea y que afectan a Amazon en Luxemburgo y a Apple en Irlanda. Casos que pueden ser solo la punta del iceberg ya que los servicios de la comisaria Margrethe Vestager examinan muchos otros pactos, entre ellos algunos que afectan a empresas en España. La investigación arrancó a raíz del destaparse en noviembre del año pasado el escándalo conocido como Luxleaks, que tocó de lleno al actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya que muchos de los pactos que suscribió la Hacienda luxemburguesa con más de 300 grandes empresas se gestaron y firmaron cuando él era el máximo representante político de este pequeño ducado e incluso ministro de finanzas.

Las decisiones tributarias anticipadas, como se conoce a estos acuerdos, no son ilegales y de hecho una de las medidas adoptadas en un tiempo récord por Bruselas a raíz del escándalo fue proponer que los gobiernos europeos intercambiasen de forma mutua y obligatoria información sobre las decisiones fiscales anticipadas acordadas con grandes empresas. El objetivo es lograr que las empresas paguen sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios para evitar una sangría fiscal que Bruselas estima en miles de millones de euros.