CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Bruselas afirma que tiene que suspender los fondos a España por ley

Todos los grupos de la Eurocámara arremeten contra una medida "absurda" y que "dañará a ciudadanos y regiones"

Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión, en una rueda de prensa realizada ayer.

Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión, en una rueda de prensa realizada ayer.

SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS

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España se libró este verano –junto a Portugal- de una multa que podría haber alcanzado los 2.000 millones por no adoptar medidas efectivas para corregir el desvío en el déficit público, pero a tenor del mensaje que ha dejado ante la Eurocámara el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, no podrá librarse de la congelación de parte de los fondos estructurales que le corresponden en 2017. “La Comisión Europea tiene la obligación jurídica de actuar. No se trata de voluntad política”, ha argumentado durante una audiencia convocada para examinar la suspensión de fondos a España y Portugal.

Katainen ha eludido cifrar la cantidad de fondos que se verán afectados –la estimación ronda los 1.100 millones- ni precisar cuándo presentarán la propuesta. "No puedo adelantarme a ningún tipo de decisión", se ha limitado a responder el finlandés sin dar la cifra solicitada por los eurodiputados. Junto a él, la comisaria de política regiona, Corina Cretu, ha recalcado que la suspensión de parte de los compromisos será "temporal", que se levantará tan pronto como la Comisión constate que cumplen las medidas y que no tendrá ningún impacto sobre los proyectos ya en marcha.

"Si suspendemos una parte de los compromisos del 2017 afectará solo a finales de 2020 y únicamente si no adoptan ninguna medida para cumplir con el reglamento. Es una medida temporal. Estoy segura de que no llegaremos a 2020 porque ambos países (España y Portugal) se han comprometido a presentar un presupuesto para el 15 de octubre", ha explicado minimizando el impacto porque España tiene todavía muchos fondos por gastar de ejercicios anteriores.

Cretu ha explicado que se aplicará de forma proporcional a todos los programas y que se excluirán aquellos destinados a combatir los problemas socioeconómicos como la iniciativa de empleo juvenil. "No se perderá un céntimo si los gobiernos hacen lo que han prometido a los ciudadanos y creo que lo van a hacer porque lo han prometido y entienden que la situación es grave en sus países", añadía Katainen.

Sus explicaciones no han dejado satisfechos a ningún grupo político. La crítica, aunque la opinión no es vinculante, ha sido generalizada. Desde el PPE hasta la Izquierda Europea pasando por los socialistas, los liberales o los verdes. Todos ellos, independientemente de la nacionalidad, han recriminado a la Comisión por una medida que dicen dañará a los ciudadanos y a las regiones, y que consideran injusta, absurda y desastrosa para toda la UE. "Las sanciones son injustas, absurdas y peligrosas porque pueden hacer pagar a las regiones el altísimo precio de unas decisiones presupuestarias que no han tomado", argumentaba el francés Younous Omarjee, del grupo IUE. "Da la sensación d que aquí no pasa nada, de que tomamos la medida porque lo dicen los reglamentos. Si es así por qué perder el tiempo", se preguntaba el popular Ramón Luis Valcárcel. "Es evidente el sentimiento de la Eurocámara de que esto no debe ejecutarse", añadía Ernest Urtasun.

Ambos comisarios trasladarán este martes al resto del colegio el sentir de la Eurocámara aunque insisten en que tienen las manos atadas. "No tenemos margen de maniobra. De nada sirve debatirlo, basta leer los reglamentos", zanjaba Katainen prometiendo tener en cuenta las circunstancias socio económicas.