Arma masiva para Hacienda

Hacienda se dotó en el 2012 de un arma de destrucción masiva contra el fraude fiscal al crear el modelo de declaración de bienes en el extranjero (modelo 720) por el que la Agencia Tributaria ha logrado echar el lazo, entre otros, al presunto fraude de la familia Pujol el año pasado y ahora al del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Además, en relación al modelo 720 la Agencia Tributaria ha iniciado la inspección de más de 7.000 contribuyentes que no han presentado esta declaración o que lo han hecho de manera incorrecta o fuera de plazo. La potencia de tiro de la nueva arma contra la lucha fiscal es enorme. No solo por las sanciones que conlleva incumplir con la obligación de declarar las cuentas, valores e inmuebles en el extranjero valorados en más de 50.000 euros (para cada uno de estos tres grupos).

La verdadera capacidad de destrucción masiva de esta herramienta es que en la misma se establece que si un contribuyente no declaró estos bienes y Hacienda los descubre después, considerará que no han prescrito, por antiguos que sean.

Hacienda estableció la imprescriptibilidad de estos bienes no declarados, incluso para el caso en que un contribuyente presente fuera de plazo el modelo 720. Y esto, según los colectivos que han denunciado la norma ante las instituciones europeas, es lo que convierte en «masiva» la capacidad de destrucción de este arma contra el fraude fiscal.

EFECTO AMPLIO

«Esta obligación no afecta solo a grandes defraudadores o políticos corruptos, sino que también afecta a muchísimos ciudadanos de la UE (pensionistas, empresarios, etc.) con ahorros e inversiones modestas en sus países de procedencia (Alemania, Reino Unido)», valora el abogado y asesor fiscal Alejandro del Campo, del despacho balear DMS Consulting. Del Campo fue el primero en presentar una queja por esta normativa ante las instituciones europeas, en febrero del 2013, a la que han seguido otras como las de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) o colectivos de extranjeros residentes en España.

La Comisión Europea valora ahora abrir una procedimiento de infracción para determinar si tal régimen sancionador puede ser desproporcionado.

«No parece razonable que una persona que no se acogió en su día al modelo 720 ahora no pueda regularizarlo sin evitar la sanción de la imprescriptibilidad», valoró esta semana el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Valentí Pich. Según su interpretación, a finales del 2012 el Gobierno aprobó esta dura normativa para «compensar» de algún modo la amnistía fiscal que entonces estaba en marcha, «pero tal vez se pasaron de frenada». Como colectivo de asesores fiscales del Consejo General de Economistas, el Reaf aconsejó en su día a los contribuyentes presentar el modelo 720, conscientes de la creciente apertura del intercambio automático internacional de datos de cuentas bancarias. «Pero ahora parece absurdo que no se les dé una salida a quienes no se acogieron entonces y quiera hacerlo ahora».

SIN SALIDA PARA LOS FUERA DE PLAZO

Quienes no presentaron en su día el modelo 720 y ahora quieran hacerlo alarmados por los mediáticos casos de Pujol y de Rato pueden encontrarse con que no vale la pena. No podrán evitar la imprescriptibilidad de sus bienes. Lo único que ganarán, y no es poco, es ahorro en las sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación formal de haber presentado en plazo, que se verán muy reducidas.

«No puede ser que prescriba un delito de sangre y que no lo haga la tenencia de bienes en el extranjero», protesta el abogado Alejandro del Campo.

RECTIFICACIÓN

En una primera respuesta a este abogado, el 16 de diciembre pasado, la Comisión Europea, tras haber mantenido contactos formales con las autoridades españolas en mayo, considera oportuno proponer abrir un procedimiento de infracción contra España para determinar si el régimen de sanciones es «desproporcionado». La Comisión Europea considera que la obligación de declarar establecida en el modelo 720 parece «fundada» y «proporcionada», pero ve indicios de una posible infracción en el hecho de que se mantenga la imprescriptibilidad de la deuda tributaria aún después de que esta haya sido declarada fuera de plazo.

En sus respectivas normativas forales, Guipúzcoa y Vizcaya ya han corregido este aspecto. «Mi impresión es que el Gobierno español también se disponía a hacerlo, pero estalló el caso Pujol y tal vez consideró que no podía hacer un cambio legal que pudiera ser interpretado a favor del expresidente de la Generalitat», sostiene Alejandro del Campo.