La bola de la deuda ya no rueda

Como sucede con el término rescate, las palabras son importantes. Pueden convertirse en el centro del debate y desatar unos sentimientos u otros. Tras años de recurrir a los mercados para financiar una deuda creciente por la tendencia a gastar más de lo que se ingresa, Catalunya, como el resto de autonomías, padece desde hace dos años el cerrojazo de los mercados. Todo comenzó con la crisis griega y su propagación a las economías con déficits altos y, aun con más fuerza, a las autonomías, cuya deuda está subordinada a la del Estado.

Con la crisis, han saltado por los aires los eufemismos, y ya no se habla de apalancamiento; es decir, de la relación entre endeudamiento y capital propio, sino de deuda. Y Catalunya, con 42.000 millones de euros hasta el primer trimestre de este año, es la primera comunidad en términos absolutos y relativos cuyo endeudamiento representa el 21% de la riqueza que genera.

«Los inversores no quieren saber nada de la deuda catalana o española. Visto lo visto, prefieren esperar a que los anuncios y medidas previstas den sus frutos», dice Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de Esade. «Hay inversores extranjeros a los que se les pregunta si comprarían deuda española. Responden al unísono que no. Aunque dicen estar convencidos de que todo se arreglará, prefieren esperar», explican. Y, en la actualidad, el déficit público apenas ha bajado y sigue anclado en torno al 8% del PIB español, afirma. Con esos datos, la confianza no se recobra.

Eso supone, como admite el conseller de Economia, Andreu

Mas-Colell, que el único banco del que dispone hoy la Generalitat es el Gobierno central. Y ese acreedor padece un sobrecoste insostenible para obtener financiación.

Los datos acreditan la desconfianza, ya que las salidas de capital de no residentes de España equivalió en el segundo trimestre al 40% del PIB generado en ese periodo, recuerda Fabregat. «La situación actual no se puede mantener durante más de dos o tres meses», afirma Alfred Pastor, profesor de Economía del IESE y secretario de Estado de Economía en los años 90 con el Gobierno de Felipe González. En opinión de Pastor, España, y todavía más Catalunya, tiene poco margen de maniobra para salir de este entuerto. «Solo se calmarán los ánimos si los acreedores privados llegan a un arreglo a nivel de la deuda de toda la eurozona», agrega. Y eso es algo que requiere tiempo para que países como Alemania preparen a sus electorados.

Sin entrar en discusiones sobre buena o mala gestión, en el periodo que va del 2007 hasta hoy, el endeudamiento catalán se ha disparado de los apenas 14.000 millones a 42.000, el triple. Durante ese tiempo, en especial entre el 2007 y el 2011, los ingresos propios acumularon un desfase de más de 1.000 millones cada ejercicio entre lo previsto y lo liquidado. Mientras, los gastos crecieron a un ritmo elevado.

Pastor destaca que la situación ha sido parecida tanto en la Administración central como en la autonómica, donde los gastos no cesan y, pese a los ajustes, suben los costes financieros, que se comen esos ahorros. El Estado pasará de pagar 28.000 millones este año a casi 40.000 en el 2013. Catalunya ha pasado de 570 millones en el 2007 a casi 2.000 millones este ejercicio.

Fabregat, más crítico, considera que si los ajustes puestos en marcha por el Ejecutivo de Artur Mas se hubieran llevado a cabo hace tres años «no estaríamos como estamos». En todo caso, hay pocas salidas hoy: o el rescate total o la suspensión de pagos. La primero, en opinión de Fabregat, «es la menos mala de las soluciones» porque un impago provocaría la caída del conjunto de la banca. Y es que esta es la principal acreedora del Estado desde que se ha producido la huida del capital foráneo.

Pero ni el sistema financiero, ocupado en sanearse, puede echar más cables. Y el reloj corre. Pastor recuerda que «entre agosto y septiembre se tiene que hallar una solución» porque en octubre el Tesoro deberá cubrir más de 27.000 millones de vencimientos de deuda y solo podrá hacerlo con intereses más sostenibles que los actuales.

En el caso catalán, en noviembre vencerán 2.639 millones en bonos para particulares. En total, la Generalitat debe afrontar el pago de más de 5.500 millones hasta el 31 de diciembre. Esto ha forzado al Govern a recurrir al Estado, porque el impago de bonos es una suspensión de pagos en toda regla.

Para acudir al mercado transcurrirá tiempo porque los títulos de la Generalitat, como los de otras autonomías, están al borde de ser considerados bonos basura (los valencianos ya han llegado a ese nivel). Fabregat es muy descriptivo: «Todo el sistema financiero se sostiene a través de una bola de deuda que solo funciona si se renueva». Y la bola ha dejado de rodar.