La jueza envía a la cárcel a Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió este jueves a prisión incondicional al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al abogado andorrano Joan Besolí por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal al apreciar indicios de que entre 2007 y 2011 lavaron 14.973.328 euros procedentes de comisiones ilícitas obtenidas de la venta de los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección de fútbol brasileña.

Los otros dos detenidos, el ganadero Pere Andreu Ramos, cuñado de Besolí y quien figura como titular de cuentas y empresas que se atribuyen a Rosell, y el empresario libanés Shahe Ohannessian, que supuestamente compró la empresa de marketing deportivo del principal imputado cuando asumió la presidencia del Barça, quedaron en libertad con comparecencias mensuales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no pidió medidas para la esposa de Rosell, Marta Pineda, que ya había sido puesta en libertad por los agentes de la operación Rimet. 

DERECHOS DE LA SELECCIÓN DE BRASIL

En los autos de situación, la juez señala que todos ellos junto con Ricardo Terra Teixeira y José Colomer -ninguno de los dos detenidos en la operación, pero ambos investigados- formaban parte de una organización criminal con ámbito transnacional "la cual se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas, derivadas de la venta por parte de Teixeira (en representación de la Confederación Brasileña de Fútbol -CBF-) de los derechos de la selección de fútbol de su país a una mercantil árabe con sede en Islas Caimán, cuya denominación es Internacional Sports Eventos (ISE). Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas principalmente en el Principado de Andorra".

Según la magistrada, para conseguirlo, Teixeira, entonces presidente de la confederación brasileña, firmó un contrato con ISE, vinculada al grupo empresarial saudí Sallah Albaraka Group y cuya principal actividad es la difusión de eventos deportivos. Así obtuvieron los derechos de los partidos amistosos disputados por la selección brasileña, a cambio de que la compradora, dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel, pagara unos fondos de los que se apropiaron Rosell y Teixeira, en perjuicio de la confederación de fúlbol. La resolución cifra en 6.580.000 euros lo recibido por Rosell y en 8.393.328 lo de Texeira, lo que supone un total de 14.973.328 euros

Para dar apariencia de legalidad, el 23 de noviembre de 2006, la víspera de la firma entre ISE y CBF, Texeira firmó con Uptrend un contrato con la Confederación, por el que la empresa constituida por Rosell en New Jersey actuaría como intermediario para la negociación de la venta de los derechos audivisuales. De conseguirse, Uptrend, participada por la panameña Fundación Regata, también del presidente del Barça, percibiría exactamente la misma cantidad que habían pactado que cobraría Teixeira.

Los ingresos de Uptrend se produjeron en Andorra mediante transferencias de sociedades del grupo Dallah Albaraka Group a cuentas en las que Besolí y Rosell son beneficiarios. Desde ellas se detectó un flujo de dinero a Teixeira o personas de su entorno de forma directa o a través de sociedades creadas por Besolí y administradas por Ramos o los hermanos brasileños Abrahao. Teixeira y su mujer llegaron a disponer de un visa platinum de una cuenta alimentada por Uptrend. 

BONUS SPORT MARKETING

La parte de la comisión ilícita que correspondía a Rosell y su esposa, lo recibieron entre noviembre de 2010 y enero de 2011 a través de cuatro transferencias de la empresa suiza Kentaro, ordenadas por ISE, y una de Arabia, de Kamel. Para justificar esos 6,5 millones, el expresidente del Barcelona declaró a la Agencia Tributaria que en 2011 había vendido a la libanesa Sports Investments Offshore, administrada por Shane Ohannessian, su empresa Bonus Sport Marketing exactamente por la misma cantidad recibida por los derechos audiovisuales brasileños. De ahí que la jueza entienda que la venta fue "aparente" para blanquear las comisiones de origen ilícito y Ohannessian un mero "testaferro".

El auto cita varias pruebas que acreditan que la venta fue ficticia, como que Pineda siguió de apoderada de Bonus y que Rosell "no dejó de tener un destacado papel en Bonus, de la que venía cobrando grandes cantidades en concepto de asesoramiento". En una conversación telefónica se le oye hasta despedir a una empleada.

La magistrada decreta la prisión por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En el caso de Besolí porque Andorra no entrega a sus nacionales y en el de Rosell, que ha hecho del delito "su modo de vida", por sus contactos en el exterior. Ahora trabaja en un proyecto en China para la búsqueda de talentos en África. Además, una escucha ha permitido "constatar su facilidad para obtener favores en países fuera de la Unión Europea y EEUU" y contar con la garantía de que desoirán una petición de extradición.