El Govern encuentra pegas al 30% de vivienda social de Barcelona

El 'conseller' de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha señalado hoy algunas posibles trabas a la aprobación definitiva, que corresponde a su departamento, de la aprobación definitiva de la obligación a los promotores de viviendas en Barcelona de destinar el 30% de la superficie a vivienda de protección oficial que se aprobará provisionalmente en el pleno del 28 de septiembre del Ayuntamiento de Barcelona. Todo ello a pesar de plantear también que acoge con "simpatía" esta medida, como cualquier otro que aumente el parque de vivienda de uso social y de que la alcaldesa Ada Colau, a la salida de la reunión del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat haya constatado la "buena predisposición" del departamento que tiene en sus manos la aprobación definitiva.

En su intervención inicial (salían de una reunión con signos de buen entendimiento en que el Govern comprometió un incremento de 30 millones de euros en su aportación al consorcio que gestiona la politica de vivienda pública en Barcelona) Colau se mostró confiada en la aprobación final de una de las iniciativas más emblemáticas de su tramo final de mandato. "Tenemos toda la certeza, porque el papel de la subcomisión de Urbanismo de Barcelona es de control de la legalidad y tenemos todoslos informes jurídicos, técnicos y económicos a favor", ha sostenido Colau. 

Posibles inconvenientes

Sin embargo,  Calvet ha señalado tres posibles inconvenientes que puedan retrasar la aprobación (la subcomisión que depende de su departamento tiene cuatro meses de margen para dar respuesta, aunque se comprometió a acelerar los trámites por lo prioritario del tema) o incluso modificar su contenido. "Esamos para ver si se cumple la legalidad y no tiene ninguna puntatécnica o jurídica. Tenemos ganas de trabajarlo, aunque he de estudiarlo, y quizás lleve unas cuentas reuniones", ha dicho Calvet.

A falta de conocer el contenido concreto de la modificación del Plan General Metropolitano que hará posible ese 30%, en espera de su aprobación en pleno, ha enumerado los posibles inconvenientes: que se hayan resuelto todas las alegaciones presentadas, la preocupación por la "territorialidad" de la medida, ya que sería de aplicación solo en una parte del área afectada por el Plan General Metroplitano, el municipio de Barcelona, cuando "debería haber una visión supramunicipal", la dificultad para encajar las superficies mínimas y máximas de la vivienda social en los proyectos de construcción, que podrían quedar afectados por ello más allá del 30% regulado, y que previsiblemente las viviendas que consigan "a priori no se destinen a alquiler social sino a la compra venta", aunque sea a precios y condiciones regulaas.