Vecinos del Raval impiden a trabajadores de una empresa de seguridad efectuar un desalojo

La movilización desde las redes sociales y el apoyo vecinal evitaron la tarde del jueves un desalojo exprés de un piso instigado por la propiedad -que según los residentes es una entidad bancaria- a través de una empresa de seguridad privada. En la calle de la Cera, 15, cinco hombres fornidos se presentaron en la finca y uno de ellos bloqueó el acceso principal al portal, mientras el resto hablaba con la familia filipina que, al parecer, tiene orden de desalojo en el plazo de unas semanas. Los vecinos llamaron a la policía y se acordó que los ocupantes puedan seguir hasta la fecha prevista de ejecución del desalojo.

Esta fórmula de 'desokupación' mediante una empresa privada, que tiene al menos un precedente reciente en Gràcia el pasado abril, consiste en enviar a personal de seguridad especializado. De nuevo era la firma Desokupa, según fuentes policiales, aunque los vecinos afirman que portaban el logo de STM Seguridad, vinculada a la anterior. Según explica la primera en su web, intermedian "amistosamente con los ocupantes del piso apropiado, según acuerdos previamente amoldados a cada caso particular" y "respaldados legalmente". Una vez en el piso, tratan de convencer al okupa o al moroso, según los casos, de que se marche. Los Mossos señalan que la empresa es legal.

Tras la "puerta anti-okupas"

En la calle de la Cera, según declaran vecinos de la zona, cuatro forzudos subieron al piso segundo y accedieron a la vivienda afectada. Según ha sabido este diario, un hombre habría okupado ilegalmente el piso hace un tiempo y realquiló parte del inmueble a una familia filipina. El jueves, ante la llegada y el aspecto "intimidatorio" -según los testigos- de los hombres de Desokupa, el okupa inicial decidió marcharse. La familia, sin contrato alguno y con menores a su cargo, habló con el personal de la empresa, que accedió al domicilio. 

HISTORIA COMPLEJA

Algunos residentes de la finca que no conseguían traspasar el portal de la calle, bloqueado por uno de los profesionales de la seguridad, llamaron a la policía. Acudieron agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana, así como un técnico de Ciutat Vella. Los mossos explican que mediaron para que la familia continúe en la vivienda hasta que se cumpla el plazo de desalojo. Algo a lo que tienen completo derecho, aunque la propiedad decidiera tratar de acelerar el procedimiento con otros métodos. 

En la puerta de la finca se concentraron vecinos de la zona, integrantes de la Assemblea del Raval y activistas contra los desahucios, convocados desde las redes sociales. "No se puede permitir que vengan matones a realizar desalojos que solo puede dictar el juez", señalaban. Según algunos testimonios, la familia filipina lleva varios meses de acoso por parte de la propiedad para forzar su marcha y cambiarles la cerradura. Fuentes del ayuntamiento aseguran que hasta el jueves desconocían el caso, pero que al haber menores en la vivienda han activado los servicios sociales para buscar una salida a la familia cuando se ejecute el desalojo.

Como todas las okupaciones ilegales, la historia tiene múltiples ángulos. No se trata aquí de un contrato extinguido o un alquiler que deje de pagarse por la crisis, porque el piso fue usurpado mientras estaba vacío. Pero además de haber un realquiler y un posible engaño a parte de sus ocupantes, la vivienda era conflictiva. Residentes de la finca cuentan que durante la crisis un par de propietarios fueron desahuciados por impago y sus pisos pasaron a manos de los bancos. Ambos fueron okupados hace meses, pero el de este caso era problemático porque los vecinos mantienen que había venta de drogas y un continuo ir y venir de supuestos compradores.