LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Terrazas con caducidad
El ayuntamiento pone coto a las terrazas pese a que la ordenanza está en vías de modificarse y la oposición pide paralizar su aplicación
En algunas calles del Born los bares viven en alerta. Tuvieron que cerrar algunas terrazas hace unos días y, a la espera de los recursos legales que han interpuesto, han retomado su actividad sintiéndose con el agua al cuello. Como ellos, más de 200 casos en la ciudad, que viven una coyuntura compleja: la aplicación de la ordenanza de terrazas vigente supone su eliminación, pero la normativa está en vías de modificación y por eso el Gremi de Restauració de Barcelona y la mayoría de la oposición municipal avalan aplazar su ejecución.
La comisión de Economía celebrada el pasado miércoles dejó claros los desencuentros. Hubo proposiciones de Ciutadans y el PP -enfocadas a ampliar la moratoria sobre artículos clave de la normativa (las distancias con el mobiliario urbano, la ubicación y las condiciones de accesibilidad) y en el caso de los populares reclamando a Ada Colau que presente ya los criterios de la modificación- que fueron aprobadas, con el voto contrario de Barcelona en Comú y la CUP. ERC y CiU se abstuvieron cada uno en un caso, por distintos matices, pero el ayuntamiento se siente obligado a «aplicar la normativa vigente», justificó la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.
De la amenaza a la ejecución
La edila defendió el trabajo realizado en los últimos meses por la comisión de terrazas en la que ahora los vecinos de Barcelona han logrado más peso. Aseguró que se compatibilizará esa «actividad económica complementaria con el equilibrio del uso del espacio público». En verano el ayuntamiento se mostró partidario de aplazar el cumplimiento de los artículos que entrarán en vigor el próximo enero (sobre la ubicación que debe ajustarse a la fachada del establecimiento) y la de enero del 2017 acerca de accesibilidad. Pero es firme en aplicar los polémicos artículos vigentes desde principios de año relativos a distancias a elementos urbanos, que este año se han saldado con unos 2.240 veladores afectados. De estos, al menos 235 desaparecerían inminentemente si se ejecuta con rigor la norma. Otros muchos recortan estos días su volumen de mesas para poder renovar las licencias del 2015 aún pendientes.
El gremio aplaudió ayer que una mayoría del consejo municipal votase a favor de la suspensión del régimen de licencias, para tratar de retomar «con serenidad» la revisión íntegra de las normas. Pero criticó la actitud del equipo de Colau al no hacerse eco de esas voces mayoritarias. «Hemos pasado de las amenazas a la ejecución de reducciones y cierre de terrazas», lamenta su director de la patronal, Roger Pallarols.
La pugna se extiende a la regulación de las 32 zonas consideradas singulares, de las que solo un 28% han sido aprobadas y sobre las que aún discrepan más los partidos.
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