La Generalitat ingresa 3,8 millones en la subasta de la discordia

Si el objetivo era parar la subasta de pisos intestados que había anunciado la Generalitat, los movimientos sociales que luchan contra el disparate de los precios de la vivienda fracasaron con estrépito. No reunieron suficientes brazos para cerrar el paso a 156 licitadores que presentaron ofertas, que no lo tuvieron fácil entrar, cierto, pero entre empellones de los manifestantes y los Mossos d’Esquadra lo lograron. Si la meta era otra, sacar del armario este tipo de subastas, ponerle cara y apellidos a quienes hacen negocio con este tipo de inmuebles, la batalla la ganaron. De otro modo habría pasado inadvertida.

La Generalitat cambió el lugar de la subasta con la excusa del aforo a una calle inhóspita, ideal para las prácticas de los antidisturbios

La venta al mejor postor había sido convocada inicialmente en una subsede de la Conselleria d’Economia, en la Gran Via de Barcelona, justo delante del histórico Ritz. Era un lugar ideal para una protesta de este tipo, una esquina bien transitada. Por motivos de aforo, la Generalitat trasladó la subasta a una nave polivalente en L’Hospitalet, tras el Ikea, un lugar inhóspito, perfecto para un trabajo policial de manual, furgonetas de antidisturbios a uno y otro lado de la entrada del recinto. La única gracia era el nombre de la calle, Agustín Goytisolo, el del lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, la bruja hermosa, el pirata honrado, el fondo de inversión que no gentrifica…, ya saben, todas esas cosas del mundo al revés.

Plataformas vecinales tratarán de impedir la subasta de pisos de la Generalitat

Acuario de tiburones

Hubo incidentes, claro. No mayúsculos, pero lo hubo. Los licitadores doblaban la esquina sin saber qué se iban a encontrar. Algunos daban media vuelta y lo intentaban por otra calle y otros, los menos, confiaban en tener más fuerza de empuje que un iaioflauta, que los había. El porcentaje de éxitos con esta segunda estrategia fue escaso. Necesitaron el rescate policial para pasar. Tampoco los manifestantes distinguían entre trabajadores de otras empresas del barrio y, menos aún, entre los distintos tipos de perfiles de quienes querían ir a la subasta. Por ejemplo. Entre los primeros en llegar había una pareja francesa. Le habían echado el ojo a un piso de la calle de la Cera que tenía un precio de salida de 64.500 euros. “Lo queremos para ir a vivir”. Lo habían visitado previamente y, en castellano perfecto, con las erres bien pronunciadas, lo resumieron en cuatro palabras. “Esta hecho una mierda” Fue una de las pujas más intensas de las que vendrían después. Se lo llevaron ellos por 121.400 euros. Era el presupuesto máximo de que disponían, confesaron ya con el piso en el zurrón. Parece que no mentían con lo que lo querían para ir a vivir, no para revender. Lo interesante, sin embargo, es lo que contaron después, su impresión sobre la subasta. Antes de entrar explicaron que no entendían la protesta. Al salir, visto contra quién compitieron y tras asistir a varias pujas previas, matizaron sus opiniones iniciales. Aquello era un acuario de tiburones, con muchas sociedades limitadas y sociedades mercantiles. Entre ellos, además, muchos se conocían. Había hasta camaradería. Las conversaciones entre puja y puja cabría calificarlas en algunos casos de pornografía inmobiliaria. Un ejemplo en el próximo párrafo.

De los 45 lotes a subasta, solo en 27 había licitadores, y solo en un caso que supiera la Generalitat el piso estaba ocupado ilegalmente. Era del número 14 de la calle Blasco de Garay, en Poble Sec. Aquello ya motivo un paréntesis de aclaraciones previas por parte de los miembros de la mesa de subastas. Algunos licitadores quisieron saber qué pasaría si entre que se subasta el piso y se entregan las llaves al nuevo dueño, alguien lo ocupa. Según explicó el responsable de Economia, la Generalitat no se hará cargo del desahucio. Como mucho aceptará que el comprador se desdiga del acuerdo por fuerza mayor. Pero en el caso de Blasco de Garay, ese dato ya estaba sobre la mesa. Disuadió de entrada a siete de los 20 licitadores iniciales que suspiraban por esa pieza de caza mayor. El precio de partida eran 141.500 euros. Lo de menos, visto lo visto, fue el precio final, 243.000 euros. Lo jugoso, lo dicho antes, fueron las charlas entre colegas. “En dos días, si hace falta, está vacío”. “¿Pero de forma ilegal, quieres decir?, preguntó licitador del asiento de delante. “Claro, a hostias y escaleras abajo”. Porno inmobiliario, tan en directo como en el Bagdad.

El récord de la jornada, que siempre lo hay, fue para un piso de la Gran Via de Carlos III adjudicado por 670.000 euros. Así está el mercado

El propósito de aquel mercado persa merece la pena ser repasado. La Generalitat pasa a menudo a ser heredera de propiedades en las que no hay ni testamento ni familiares concidos. La ley, tal y como está redactada, no permite que los pisos pasen de forma automática a engrosas el parque de vivienda pública si sobre ellos hay facturas pendientes de pago. Los gastos de comunidad, por ejemplo. Esos inmuebles deben ser subastados para saldar cuentas y, los beneficios obtenidos, destinados a obra social o cultura. Lo que los manifestantes de la puerta discuten es el punto de partida, esa renuncia inveterada de las administraciones a disponer de un parque público de vivienda que contrapese el alza de los precios del sector privado.

La cuestión es que en un pispás la Generalitat ha ingresado con la subasta de la calle de Agustín Goytisolo 3,8 millones de euros y, de forma indirecta y difícil de evaluar, ha puesto en manos de inversores una veintena de pisos que más pronto que tarde se revenderán o alquilarán a precios de susto. Es imposible que no sea así, como mínimo en el caso del piso que batió en la subasta todas las plusmarca de la jornada, un ático de Gran Via de Carlos III que se adjudicó al final por 670.000 euros. Nada que ver, desde el luego, con el primer lote de la jornada. Era un terreno en el municipio de Ager, en la Noguera. Era el primero por una simple cuestión alfabética. Solo tenía un licitador. El precio de salida eran 1.300 euros. Por esa cantidad se lo llevó. Le supieron menos mal los empujones e insultos de la entrada.