El puerto entrega al fiscal datos sobre el fraude en el dique Est

La dirección del puerto de Barcelona ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona información y detalles sobre el fraude cometido durante la construcción de la prolongación del dique Est, por la que podría haberse cobrado unos 15 millones de euros de más. La autoridad porturaria barcelonesa presentó el escrito el viernes de la semana pasada, día que EL PERIÓDICO publicó las irregularidades detectadas en las obras de esta infraestructura.

La fiscalía, sin embargo, incoó hace unos meses una investigación sobre el fraude, en el que figura la empresa Coterras, una de las proveedoras de material a las empresas que construyeron el dique. La fiscalía recibió una comunicación de la Agencia Tributaria en la que se hacía constar que la empresa suministradora de piedras podría haber cometido una presunta defraudación de IVA. Las facturas emitidas diferían de las certificaciones de obras.

ABOGADA DEL ESTADO/ El escrito presentado ahora por la dirección del puerto de Barcelona se ha unido a estas diligencias de investigación de la fiscalía. También se ha sumado a las pesquisas un documento remitido por la actual responsable de la Abogacía del Estado en Catalunya y que es una de los vocales con los que cuenta la Administración del Estado en el consejo de administración del puerto. Esta persona ha remitido ese escrito ante la obligación de los funcionarios públicos de poner en conocimiento de la justicia cualquier actividad que pudiera ser delictiva.

La investigación que ha abierto la fiscalía, que no solo cuenta con el informe de la Agencia Tributaria, sino también con copias de las facturas anómalas, se está efectuando en medio de una gran cautela, ya que, por ahora, se desconoce hasta dónde llega la implicación de las diferentes empresas que han participado, de una u otra forma, en la construcción del dique Est, una obra que fue adjudicada en el 2001 por 197 millones de euros.

Las facturas de Coterra (proveedora de piedras) pasaron por la unión temporal de empresas (UTE) a la que se le otorgó la construcción. Y la UTE se las cobraba al puerto. Las fuentes consultadas aseguraron a este diario que también existe cierto nerviosismo por el fraude en las altas instancias de la autoridad portuaria.