El número de manteros se ha doblado en Barcelona en el último año

Cuando Ada Colau y su equipo llegaron al gobierno municipal, en junio del 2015, en Barcelona había unos 400 manteros. Ahora, 14 meses después, hay alrededor de 800. Son cifras aproximadas pero concluyentes. La venta ambulante se ha convertido en el principal foco de contradicción de un equipo que pasó del activismo social a la alcaldía, y que en otras facetas ha sufrido significativos baños de realidad. Quizá el mayor ejemplo fue la huelga del metro, un conflicto todavía por cerrar definitivamente, que obligó a Colau a posicionarse junto con la empresa y contra los trabajadores. Impensable un año antes, esta actitud le reportó algunas críticas, pero también adhesiones. No podía seguir siendo activista al ciento potr ciento a la par que alcaldesa, como ella misma ha admitido varias veces.

En relación con el 'top manta', el discurso y la actuación municipal han estado lastrados por la voluntad de contentar a los manteros y a las entidades sociales y, de un tiempo a esta parte, también a la Guardia Urbana. Una empresa harto difícil.

Todo ello ha acabado destapando esas contradicciones evidentes, que culminaron en la protesta que Colau sufrió el pasado jueves, cuando inauguraba en la Barceloneta un contador de los migrantes que mueren en el Mediterráneo intentando alcanzar una vida mejor. Aquel día, algunos de los que protestaban por la detención, horas antes, de siete manteros acusados de distribuir productos falsificados para la venta ambulante, la tacharon de cínica e hipócrita por preocuparse por los migrantes y refugiados en general mientras su ayuntamiento contribuye a perseguir a los manteros en la ciudad.

Podría resultar irónico, pero este es justo el argumento que la propia alcaldesa empleó en agosto del 2015 en uno de sus textos en la red social Facebook, que suele utilizar para marcar posición. Entonces, Colau escribió, comentando las muertes, en aquellos días, de inmigrantes en naufragios o de asfixia en un camión: “Una parte de Europa llora, grita, quiere que se salven, que no mueran, pero… pero que no vengan, que se vayan, que desaparezcan, que no existan y que no tengamos que verlos en la tele, y menos en nuestras calles, con sus mantas, en el metro, o en las escaleras de nuestras casas”.

AGRESIÓN A UN URBANO

Ha habido dos puntos de inflexión en la gestión municipal del 'top manta' en el madato de Colau: uno en el discurso y otro en la actuación. Tras varios meses de 'efecto llamada' de manteros atraídos por la permisividad de Barcelona, la inflexión en el discurso llegó después de que trascendiera un vídeo en el que se ve a un vendedor ambulante agrediendo a un agente de la Guardia Urbana. El 19 de mayo, Colau defendió a la policía local, a la que elogió por ser el cuerpo “que más está actuando contra la venta ambulante”.

Sin embargo, y pese a que la alcaldesa rechazó aquella agresión con toda vehemencia, el teniente de alcalde Jaume Asens llamó a una abogada que representaba a la Guardia Urbana para instarla a no pedir cárcel para el mantero que golpeó al agente. Cuando la cúpula policial lo supo, estalló. El 27 de mayo, la alcaldesa se comprometió a evitar nuevas interferencias de este tipo y mostró su apoyo a los 3.000 agentes del cuerpo en una carta.

'SKATE PARK'

En julio, llegó el punto de inflexión en cuanto a los hechos. El ayuntamiento decidió desalojar el gran zoco mantero que se había instalado en el paseo de Joan de Borbó, en la Barceloneta, mediante el sistema de ocupar ese espacio con alguna otra actividad que hiciera impidiera físicamente la continuidad del mercadillo en aquel lugar. Para ello instaló por sorpresa un 'skate park' en Joan Borbó.

De fondo, ha quedado en evidencia que el actual gobierno municipal digiere con dificultad las protestas, pese a que sus integrantes se han formado en ella. Y no será por falta de práctica: la gestión del 'top manta' ha provocado críticas al consistorio por parte de la oposición y los comerciantes, de la Guardia Urbana, de las entidades sociales que apoyan a los manteros (como la FAVB, que denuncia que el programa de reinserción social de los vendedores es “insuficiente”) y de los propios manteros. 

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