Carina Mejías reclama a Oriol Pujol 2.700 euros de multa y 5.000 de indemnización por amenazas

El exdiputado de CiU Oriol Pujol se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados en una sala de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Esta es la primera vez que un miembro de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se enfrenta a un juicio penal. En esta ocasión, por las presuntas amenazas a la presidenta del grupo de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, vertidas por el exdirigente de Convergència en un sms que le envió el pasado 2 de julio. El mensaje rezaba: “'Sabia que eres una persona recargolada. Això et donarà mal viure. Cuida’t'”. (Sabía que eras una persona retorcida. Eso te dará mala vida. Cuídate).

Mejías ha reclamado a Pujol una multa de 2.700 euros y una indemnización de 5.000 euros, mientras el abogado de la defensa ha pedido la absolución de su representado y que la demandante sea condenada a asumir las costas del juicio. Durante la vista, la concejala de Ciutadans ha dicho haberse sentido "amenazada" y Pujol ha asegurado que solo estaba dando una opinión.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Mejías explicó tras presentar una denuncia ante la fiscalía que el mensaje le llegó 24 horas después de que ella solicitara en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona la creación de una comisión municipal de investigación sobre el caso de Barcelona Regional, en el que supuestamente se ha beneficiado una empresa del hermano de Oriol, Pere Pujol, y de uno de sus primos, Marc Escudé Ferrusola. Ambos son citados en la denuncia presentada por Mejías por ser beneficiarios de contratos de Barcelona Regional. El pleno tumbó la propuesta y aprobó una comisión de seguimiento.

Ciutadans pidió la comisión de investigación sobre el caso a raíz de que se conocieran los resultados de una auditoría sobre la gestión de Barcelona Regional entre el 2011 y el 2015, cuando CiU dirigía el consistorio. Como avanzó este diario, la auditoría reveló el gasto de dos millones de euros en proyectos ruinosos. 

EN LA FISCALÍA

A principios del pasado mes de junio, el consejo de administración de Barcelona Regional decidió poner en manos de la Fiscalía de Barcelona, que ya tenía abierta una investigación sobre el asunto, la auditoría definitiva en la que se desvelan las presuntas irregularidades en esa entidad durante el gobierno de CiU. La decisión de realizar este análisis de la gestión fue tomada por el propio consejo de administración tras la publicación en EL PERIÓDICO de una serie de reportajes que apuntaban presuntas prácticas anómalas.

Barcelona Regional, sin embargo, se abstuvo de pedir un análisis jurídico del resultado de la auditoría para ver si las prácticas podían encajar en algún delito penal y decidió dejar la cuestión en manos del fiscal que lleva el caso, Emilio Sánchez Ulled. A pesar de ello, la nueva dirección de la agencia metropolitana, presidida Ada Colau, se reservó la opción, si es necesario, de actuar contra los antiguos gestores.