La fiscalía investiga la cesión del padrón municipal para la multiconsulta

La Fiscalía de Barcelona ha abierto este miércoles una investigación para esclarecer si los responsables del Ayuntamiento de Barcelona ha cometido un presunto delito de revelación de secretos al haber licitado los servicios técnicos necesarios para la celebración de las multiconsulta organizadas por la alcaldesa Ada Colau y que podría suponer la cesión o el acceso a terceros de los datos del padrón municipal y de menores de edad. Esta decisión ha sido tomada a raíz de la denuncia presentada hace unos días por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

Memoria y justicia histórica (el cambio de nombre de la plaza de Antonio López por el de Idrissa Diallo) y gestión pública del agua (remunicipalización del servicio) son las dos cuestiones por iniciativa popular sobre las que está previsto que se podrán pronunciar los barceloneses en la multiconsulta impulsada por Colau y fijada para mayo. Un tercer tema, referente a la posibilidad de adquirir el edificio en el que se ubica el Gimnàs Sant Pau, se ha caído del listado por un error en la entrega de firmas. El consistorio, por su parte, ha propuesto otras dos preguntas, una sobre el 22@ y otra sobre el solar del hotel Rec Comtal.

Pero ahora se ha abierto un frente judicial que podría complicar la celebración de las multiconsulta. La Fiscalía de Barcelona ha puesto en marcha una investigación ante la posibilidad de que los preparativos para poder llevar a cabo esta votación se estén realizando de forma no ajustada a la ley y sin la debida protección de los datos personales recogidos en el padrón municipal y los referentes a los menores de edad. En la multiconsulta podrán votar los barceloneses mayores de 16 años. 

El 5 de diciembre del año pasado, el Instituto Municipal de Informática (IMI) publicó en el Portal de Contratación Pública de la Generalitat un anuncio de licitación para la contratación de la prestación de servicios técnicos de participación electoral para el Ayuntamiento de Barcelona. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática recuerda en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que la finalidad es que mediante la adjudicación de este servicio pueda llevarse a cabo consultas ciudadanas en la ciudad de Barcelona. La elaboración del censo, incide, se realizaría a través de la incorporación de datos del padrón municipal, una vez que fuera convocada la multiconsulta por el consistorio.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han asegurado no tener noticia de esta investigación pero que, en cualquier caso, están convecidos de que la licitación se ha hecho dentro del marco legal. Sobre la asociación denunciante, han explicado que es la misma que puso recursos contra la municipalización del agua en Valladolid. "Esta sería una muestra más de que Agbar, las multinacionales que hacen negocio con el agua, están intentando impedir por todos los medios que se haga la multiconsulta", han explicado.

Votantes adolescentes

El pliego de condiciones establece que “podrán votar los mayores de 16 años” empadronados en Barcelona, estimando un “universo potencial de 1,4 millones de habitantes”. En la descripción de los servicios se señala “expresamente”, según los denunciantes, la cesión de datos del padrón a la empresa que resulte adjudicataria para realizar esta labor. En uno de los puntos se especifica que la sociedad que se contrate recibirá la información del censo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, aunque agrega que deberán tomarse las medidas para que los datos no puedan ser usados para otros menesteres.

Los denunciantes sostienen que “la cesión del padrón municipal no es cuestión baladí”. En su opinión, el expediente de contratación anunciado por las autoridades municipales “podría incurrir” en la vulneración del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar, a la vez que exponen que el organismo responsable de la “guarda y protección” de los datos del padrón municipal es el Ayuntamiento de Barcelona.

Sin consentimiento

La asociación considera también que con esta licitación se está infringiendo la ley de protección de datos, pues la cesión de la información del padrón municipal se estaría haciendo sin el consentimiento de la persona afectada. Alega, asimismo, que el Ayuntamiento de Barcelona “traspasa la frontera del ámbito de sus competencias”, llevando a cabo un tratamiento de los datos para “una finalidad incompatible” (como realizar consultas populares) con el objetivo por el que fueron recabados. La plataforma insiste, además, que la multiconsulta es nula "de pleno derecho” e “inconstitucional” porque infringe la Carta Magna y la normativa sobre esta materia, argumento que fundamentó el recurso contra el reglamento de participación municipal que presentó otra plataforma, la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).

Un punto y aparte merece el tratamiento de datos personales de los menores de edad sin su consentimiento. La asociación sostiene que con este precepto se está vulnerando derechos de los menores.