La Generalitat aporta 30 millones de euros más a la vivienda pública en Barcelona

Tras años de descenso continuado de sus aportaciones, el Govern de la Generalitat de Catalunya se ha comprometido hoy a aumentar en casi 30 millones de euros su aportación a las políticas de vivienda pública que en Barcelona son gestionadas por el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, compuesto en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento de Barcelona, que también aumentará su aportación en 35 millones de euros. Un incremento que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, considera aún "insuficiente" pero que celebra porque rompe un periodo en que la aportación de la Generalitat "había bajado drásticamente" y que el 'conseller' de Territori, Damià Calvet, considera que demuestra que la vivienda social es "una prioridad" para el nuevo Ejecutivo catalán.

En una reunión del consorcio presidida extraordinariamente por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha puesto sobre la mesa un incremento de sus aportaciones de cinco millones de euros para subvencionar los alquileres sociales en obras de nueva construcción, 20,5 millones de euros para ejercer el derecho de retracto y comprar viviendas procedentes de las ejecuciones de hipotecas impagadas de las entidades financieras (más financiación para que el Ayuntamiento pueda destinar la misma cantidad), 4 millones de euros para la compra de viviendas destinadas a la mesa de viviendas dedicadas a situaciones de emergencia habitacional en colaboración con la fundación Habitat3 (partida para la que el Ayuntamiento sumará 15 millones más) y 350.000 euros para la expropiación provisional del usufructo de viviendas para destinarlas también a alquiler social.

El Govern encuentra pegas al 30% de vivienda social de Barcelona

Cifras discrepantes

Según Calvet, el incremento de la aportación permitirá movilizar 800 viviendas sociales más en Barcelona, cifra que Ada Colau, en cambio, cifró en su comparecencia previa ante la prensa en 550. Pero esta no ha sido la única diferencia entre ambos a la hora de cuantificar (por separado pero con buenos modos) la aportación de las distintas administraciones. Ni tampoco a la hora de valorar la responsabilidad, ya que mientras Colau señaló el desentendimiento de la Generalitat en los últimos años en materia de vivienda social en Barcelona, que ha dejado "solo" al Ayuntamiento, Calvet ha apuntado básicamente a los recortes drásticos del plan nacional de la vivienda aprobados en este mismo periodo por el PP. Esta aportación estatal, junto con fondos propios de la Generalitat, son el grueso de los recursos disponibles por el Govern para políticas de vivienda.

Según las cifras distribuidas hoy por el Ayuntamiento de Barcelona, en el actual mandato estaba previsto que de los 588 millones de euros en política de vivienda pública en la ciudad 429,9, el 83,77%, fuesen aportados por el municipio, mientras que la Generalitat (por sí misma o como gestora de los fondos procedentes del Ministerio de Fomento) aportaría 95,5 millones, el 16,23%. Según este mismo cálculo, tras el compromiso de hoy los fondos a movilizar durante este mandato ascenderían a 647 millones, con una aportación municipal de 522,9 millones, un 80,76%, y una de la Generalitat de 124,5, un 19,24%. Un incremento de la aportación que Colau celebró pero consideró "claramente insuficiente" y lejos del 60% que le correspondería a la Generalitat en función de su porcentaje de participación en el consorcio.

Estas son unas cifras que Calvet contestó rotundamente. Desde su punto de vista, los 301 millones destinados por el Ayuntamiento de Barcelona a la promoción de obra nueva no deberían ser contabilizados, ya que las nuevas construcciones no formarían parte de las competencias del consorcio, por lo que los porcentajes denunciados por Colau serían muy distintos (aunque aun así la aportación de la Generalitat rondaría un tercio del total). Según el 'conseller', tanto estas nuevas construcciones municipales como las emprendids por la Generalitat deben ser contabilizadas aparte del compromiso del 60/40 (aunque en su haber solo se puede apuntar la licitación de 40 viviendas en el 2018 y de 80 en el 2019).

Tras la reunión, tanto Colau como Calvet confirmaron que la Generalitat ve con buenos ojos la iniciativa municipal de obligar a los promotores a destinar a vivienda social el 30% de la superficie de las grandes construcciones o rehabilitaciones, aunque el 'conseller' apuntó posibles escollos en la aprobación definitiva por su departamento. Sí coincidieron ambos en defender la iniciativa del Govern de hacer indefinida el carácter público, y no privatizable, de todas las nuevas promociones de vivienda financiada con fondos publicos.