Barcelona aflora 56 millones de euros del fraude fiscal

El plan de lucha contra el fraude fiscal del Ayuntamiento de Barcelona ha permitido al consistorio llegar a recaudar por contribuyente 4.297 euros, un 50% más que en 2016, y hacer aflorar en este mandato 56,6 millones de tributos que no se cobraban. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha presentado hoy martes los primeros resultados de este plan, que prioriza el control de la tributación de los grandes contribuyentes, acompañado del Gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala.

Pisarello ha destacado que con este plan el modelo de fiscalidad de Barcelona "es más equitativo" y "coloca el foco sobre todo en las grandes empresas y grandes propietarios, de manera tal que todo el mundo pague efectivamente lo que debe pagar". Por su parte, el gerente Ayala, que ha explicado los detalles del plan, ha insistido en que "el objetivo no es que nadie pague más, sino que pague quien ha de pagar", y ha destacado que los buenos resultados del plan son fruto no solo de un mayor esfuerzo inspector, sino de la colaboración con el resto de administraciones tributarias, con el cruce de datos fiscales del Instituto Municipal de Hacienda (IMH), con la Agencia Tributaria de Calalunya y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

El gerente ha destacado que el esfuerzo que se ha hecho en la inspección tributaria de grandes contribuyentes ha sido el que ha permitido que la media de recaudación por contribuyente en Barcelona haya pasado de 2.800 euros a 4.297. Ayala ha explicado con el plan en la inspección tributara se ha priorizado el control de los grandes contribuyentes, comprobando las declaraciones de ingresos de las distribuidoras de electricidad y revisando el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el IAE en la construcción inmobiliaria y las grandes superficies comerciales.

Liquidación progresiva

Entre los ámbitos en que se quiere hacer especial incidencia con este plan está el de las grandes flotas de alquiler de vehículos, que ubican su sede en pequeños municipios donde no tienen presencia, y el impacto de la sentencia de la UE sobre las exenciones a fundaciones, que afecta especialmente a la Iglesia Católica. Según los datos facilitados, el nuevo modelo de gestión tributaria que, progresivamente, se está aplicando en Barcelona desde el año 2016 ha permitido liquidar 23,6 millones de euros entre 2016 y 2018, en buena parte de compañías eléctricas, grandes superficies comerciales o constructoras.

Ha permitido hasta ahora expedientar a grandes superficies comerciales por impuestos presuntamente no declarados por valor de 2 millones de euros; detectar impagos de cerca de 4 millones de euros por parte de empresas de suministros o detectar 9 millones de euros no declarados haciendo una revisión del impuesto sobre construcciones ICIO. Por otra parte, la cooperación del Instituto Municipal de Hacienda (IMH) con la Agencia Tributaria de Catalunya y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) permitirá cobrar otros 33 millones de euros provenientes de embargos de las devoluciones de la AEAT.

También detectar 21.000 empresas que se han dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde el 2010 y que durante estos años no han abonado el impuesto municipal que grava la recogida comercial de residuos en cualquier actividad económica. En total, se han liquidado derechos por valor de 10 millones de euros.

Aparte de estas medidas, el Ayuntamiento de Barcelona también ha publicado el listado de morosos con deudas de más de un millón de euros. En este listado, que se actualizará cada año, consta un único deudor, la promotora inmobiliaria Sacresa Terrenos 2, S.L. cuya deuda, a 31 de diciembre de 2017, es de 1.645.845,25 euros que corresponden básicamente al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y plusvalías y al IAE.