El fiscal acusa a un jefe de Telefónica y a la compañía de un delito medioambiental

La Fiscalía de Barcelona solicita en su escrito de acusación dos años y dos meses de prisión para Juan Pedro S. C., en el 2008 responsable en Catalunya del área inmobiliaria de Telefónica, y una multa de 108.000 euros para la compañía por un delito contra el medioambiente por el ruido y las vibracionesdelito contra el medioambiente ruidovibraciones provocadas por unas instalaciones que la empresa tiene en la calle Boada, en el barrio de la Prosperitat. La asociación de vecinos fue la que denunció esta situación.

El fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegri, señala en su escrito que Telefónica disponía desde septiembre del 2008 de una licencia municipal ambiental para ejercer la actividad de estación base de telefonía móvil en una inmueble situado en la calle Boada número 2-18, unas oficinas sin recepción al público y que contaban con un grupo electrógeno de gasoil.

En diciembre de ese año, la compañía de telefonía presentó al Ayuntamiento de Barcelona una petición de cambio “sustancial” de esa actividad, que suponía la instalación de un equipo electrógeno adicional y alojar en varias salas maquinaria de telecomunicación, acompañada de su necesaria climatización. El funcionamiento sería, por tanto, constante las 24 horas del día. Al entender de la acusación pública, era “evidente” que este cambio supondría un incremento “notable” del ruido generado.

MEDIDAS CONTRA LOS RUIDOS

Los servicios técnicos municipales informaron favorablemente a la petición de licencia, aunque establecieron “expresamente”· que la promotora debía adoptar medidas correctoras para atenuar los ruidos y las vibraciones. Antes de su funcionamiento, las instalaciones debían pasar un control del Ayuntamiento que certificase que el nivel sonoro producido por la maquinaria y los grupos electrógenos respetaba la normativa ambiental. Esta exigencia estaba motivada porque el edificio se hallaba justo al lado y en contacto directo con un inmueble con 19 viviendas.

A pesar de esta premisa, se hicieron las modificaciones y las instalaciones empezaron a funcionar por decisión de Telefónica en fecha no precisada, pero muy anterior al 23 de diciembre del 2010, sin haber superado, según la fiscalía,  el preceptivo control municipal y sin comprobar de manera correcta y ”eficaz” que no se producían molestias por ruidos y vibraciones a los vecinos.

RIESGO PARA LA SALUD

El fiscal destaca que el acusado Juan Pedro S. C. era jefe del área inmobiliaria en Catalunya de Telefónica y uno de los máximos responsables de que las instalaciones funcionaran de forma correcta y respetando la normativa ambiental y sin producir molestias a los vecinos. La acusación agrega que al poner en marcha la maquinaria, este cargo sabía y “aceptaba” que los ruidos o vibraciones suponían “un grave riesgo para la salud física y psíquica” de los vecinos del edificio colindante, pues las emisiones sonoras impedían su correcto descanso.

Telefónica hizo caso omiso de la petición municipal para que se cesara la actividad hasta que se cumpliera con la normativa. Las molestias se prolongaron durante años. Telefónica utilizó a una inmobiliaria para comprar el piso de las personas que resultaban más afectadas por los ruidos, según la fiscalía.