Demanda contra BCN para que retire las bicis de dos apps de anclajes públicos

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Toni Sust / Carlos Márquez

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Bicitours, la asociación que reúne a las empresas de alquiler de bicicletas en Barcelona, unas 75, ha consumado la amenaza que lanzó en mayo del 2017. Entonces, tras denunciar que dos apps de alquiler de bicis empleaban los anclajes públicos para estacionarlasconvirtiéndolos en puntos de recogida para sus clientes, el colectivo advirtió de que si el ayuntamiento no tomaba cartas en el asunto, presentaría una demanda.

Con fecha del pasado 24 de enero, Bicitours Barcelona interpuso un recurso contencioso administrativo "contra la inactividad del ayuntamiento, por cuanto no ha adoptado medida alguna en respuesta a los escritos e instancias presentados por esta asociación". El texto de la demanda, que todavía no ha sido notificada al ayuntamiento, se refiere a escritos presentados en febrero del 2017. En el punto de mira, las app Donkey Republic, danesa, y Dropbykes, de origen lituano, que son las que han optado por echar mano del espacio público para ubicar sus bicicletas. Se empezaron a ver por Barcelona a principios del 2017. No resulta díficil encontrarlas en aparcamientos del Eixample, de Poblenou y de Ciutat Vella

El cliente recibe un código para desbloquearlas vía móvil. Un sistema, subrayan los denunciantes, que permite al consistorio comprobar cuántas bicis están aparcadas en un anclaje público a la espera del cliente. Bicitours considera que la actividad de ambas empresas supone un incumplimiento flagrante de "la ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos". Otra cosa sería que el turista que ha alquilado la bici la aparque para tomarse una caña. Pero  lo que se denuncia es que las empresas emplean el espacio público como parte de su negocio: no tienen que abonar el alquiler de un local para guardar los vehículos. Bicitours también denuncia que las dos app ejercen sin la licencia preceptiva.

Medida cautelar

La demanda incluye la petición de una medida cautelar: requerir al consistorio para que proceda "de forma inmediata" a la retirada de las bicicletas que ambas empresas están alquilando. Cuando arreciaron las críticas a la proliferación de estas bicis, el consistorio explicó que no se había retirado ninguna, de entrada porque aunque había quejas no se referían a una ubicación concreta.

Ante la presentación del recurso, fuentes del ayuntamiento afirman que el consistorio sigue trabajando en una regulación de los servicios de vehículo compartido en la ciudad y en el caso concreto de las bicicletas se estudia la posibilidad de conceder algún tipo de permiso para el alquiler de bicis que permita controlar el uso del espacio público.