42 ciudades se alían contra plataformas como Uber o Airbnb

Reunidas en Barcelona, 42 ciudades de todo el mundo han formado una alianza para coordinarse en su pulso contra plataformas digitales de servicios de transporte, como Uber, de reparto, como Glovo, o de hostelería, como Airbnb. La declaración que han firmado en el marco de la Sharing Cities Summit de Barcelona que ha finalizado este jueves junto con el resto de eventos asociados al Smart City Expo World Congress, tiene un tanto de declaración de principios pero también su parte de programa de actuación, dentro de los límites de las competencias municipales: hacer lobi ante la Comisión Europea para que se obligue a las plataformas de alquiler vacacional a abrir sus datos, poner en común las negociaciones de todas ellas con cada empresa para conseguir que cada concesión que arranque una ciudad lo exijan también el resto, en una plataforma mínima de negociación, compartir las experiencias de inspección y control en un sector en que todas ellas están experimentando sobre la marcha, garantizar los derechos laborales de los trabajadores y hacer que las plataformas “sean responsables de sus infracciones”. También un objetivo común más difícil de cumplir: intentar imponer el criterio de que el desembarco de una nueva plataforma en una ciudad deba contar con un permiso de esta (aparte de algo que debería ser evidente pero no siempre lo es, que cumpla con el marco legal local).

Las tres primeras cumbres de Sharing Cities las han acogido ciudades que están sufriendo de forma especial los impactos negativos de estas nuevas formas de colaboración (o de comercio), en forma de encarecimiento del mercado de alquiler, saturación turística o degradación de condiciones laborales. Nueva York, Amsterdam y ahora Barcelona. En la tercera se ha empezado a concretar los tanteos de la anteriores, con un diagnóstico y un trabajo teórico previo encargado al Dimmons Research Group de la UOC dirigido por Mayo Fuster y que inspira la declaración.

Qué es colaborativo y qué no

Básicamente, diferenciar entre la verdadera economía colaborativa, “con modelos socialmente responsables y que impulsan la innovación y el crecimiento”, que las ciudades se comprometen a potenciar, y las grandes plataformas tecnológicas de servicios “muy agresivas, que intentan esquivar las regulaciones y tienen claros impactos negativos”, a quienes se comprometen a acotar el campo de juego. Los retos son, dice Fuster, diferenciar entre “amateur y profesional, trabajador y usuario, plataforma de intercambio de información y plataforma de servicios de transporte, turismo o reparto”. “Estamos a favor de la innovación. Pero la desregulación no tiene nada de innovador: no nos ha de temblar el pulso ante actividades que tienen un impacto negativo en el mercado de la vivienda o sobre un sector regulado como el del taxi, sostiene Álvaro Porro, comisionado de Economía Colaborativa del Ayuntamiento de Barcelona.

Para que el trabajo de lobi sea operativo, Barcelona, que está tomando junto con Amsterdam un papel de impulsora, creará una oficina coordinadora de este grupo de ciudades. Porro destaca la importancia del primer logro concreto que se plantea vía UE, el acceso a los datos de las plataformas. “A cada ciudad le supone un esfuerzo enorme de tiempo y recursos lograr esos datos para asegurarse, por ejemplo que solo se anuncien apartamentos que tienen registro, cuando a ellas no les costaría nada, apenas unas líneas de código, hacer que no se puedan anunciar quienes no lo tienen, o han superado un número de días en las ciudades donde hay este límite”, enumera Fuster.

El éxito de convocatoria de la iniciativa demuestra, dice Fuster, que para todas las ciudades cómo afrontar este fenómeno, como reaccionar antes sus consecuencias negativas en los tejidos urbanos y cómo hacer que las multinacionales no queden exentas de regulaciones y pago de impuestos nacionales, se ha convertido en un “elemento prioritario de la agenda política, hasta el punto de que este ha sido el año, internacionalmente, de la regulación de este tema”. Aunque lo sea de forma tan lenta que la Unión Europea, por ejemplo, apenas ha llegado a establecer uns primeros criterios orientativos en su Agenda Europea de Economía Colaborativa. Y el fenómeno de momento se está regulando “más a nivel judicial que político”.