PLENO MUNICIPAL

Colau rechaza nombrar un concejal de Seguridad y mantiene la responsabilidad del área

Ada Colau junto a Collboni y Pisarello en el pleno municipal

Ada Colau junto a Collboni y Pisarello en el pleno municipal / periodico

TONI SUST / BARCELONA

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En la que ha sido una de las peores semanas de Ada Colau semanas de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, el pleno municipal de este viernes ha empezado con una mención al conflicto que se vive en Gràcia desde el desalojo, el lunes, del llamado ‘banc expropiat’. La alcaldesa, a la que CiU había pedido que iniciara la sesión con una declaración de apoyo a los Mossos, ha explicado que “excepcionalmente” se había decidido que todos los grupos se posicionaran antes de seguir con lo sesión.

Colau no ha dado satisfacción a los convergentes. Ha reiterado el mensaje que lanzó el jueves, combinando el rechazo a la violencia con la petición a los agentes de la polícia catalana de que actúen con “proporcionalidad”: “Como máxima representante de este ayuntamiento, quiero expresar un rechazo total a toda forma de violencia. Barcelona es una ciudad de paz y diálogo y está orgullosa de ello”. Colau ha mostrado un apoyo “explícito” a los cuerpos policiales y a los vecinos de Gràcia.

Xavier Trias, al que el conficto le ha alcanzado de lleno Xavier Triasal abrir fiscalía una investigación por posible malversación de fondos por el alquiler que pagó al dueño del local ocupado para evitar conflicto, ha ofrecido su apoyo a la alcaldesa y a los cuerpos policiales pero le ha reprochado su doble mensaje: “Cuando usted habla de proporcionalidad, pone en duda lo que hacen algunas fuerzas de seguridad, y creo que eso no se tiene que hacer”.

Por Ciutadans, Carina Mejías ha mostrado su más enérgica defensa de la labor policial, en tanto que el republicano Alfred Bosch, que se mantiene en el tono crítico que ha adoptado desde el pacto entre Barcelona en Comú y el PSC para compartir gobierno. “El gobierno municipal ha actuado con ligereza. La impresión es que la culpa siempre de los demás;de Trias, de los activistas. Usted es la máxima autoridad en seguridad. Asúma esa responsabilidad a costa de la impopularidad”.

El popular Alberto Fernández Díaz ha advertido a Colau de que no puede ser equidistante entre los cuerpos policiales y los violentos. Y sobre los okupas le ha dicho: “Usted fue una de ellos. Por eso le pido que ocupe el cargo sin k”. El nuevo socio de gobierno, el socialista Jaume Collboni, ha mostrado un apoyo sin condiciones a la Guardia Urbana y los Mossos. Por la CUP, Mara Rovira ha instado al consistorio a condenar “la impunidad policial”.

GUARDIA URBANA, ACUARTELADA

El pleno ha debatido más tarde el plan director de la Guardia Urbana, presentado el pasado lunes por Colau mientras, casualidades de la vida, los Mossos desalojaban el llamado ‘banc expropiat’ en Gràcia, y poco después de que la cúpula de la policía local le exigiera que aclarase si el teniente de alcalde Jaume Asens  Jaume Asenspresionó a la abogada del cuerpo policial a no pedir prisión preventiva para el mantero que agredió a un agente.

CiU y el PP la han acusado de no dialogar, y de forzar un plan del gobierno,  no de ciudad.

El debate se ha recuperado más tarde a cuenta de una proposición de Ciutadans que pedía el nombramiento de un concejal de Seguridad, que asuma el área que ahora corresponde a la propia Colau, y que también exigía la destitución del comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens. El concejal de Ciutadans Paco Sierra ha acusado a Colau de tolerar la violencia: “Mientras usted permite que se saqueen comercios, la Guardia Urbana está acuartelada. Este sábado vendrán okupas de toda Europa”. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, lo ha llamado “irresponsable”.

Aunque la idea de que la alcaldesa nombre a un concejal de Seguridad ha sido defendida por la mayoría, al margen de los dos grupos del equipo de gobierno y de la CUP, que ha centrado su intervención en la defensa de los manteros, Ciutadans se ha quedado sola en el empeño de que Recasens sea destituido.

Pero otra proposición, esta del PP, ha vuelto a sacar el tema, esta vez instando a la alcaldesa a nombrar a un concejal de Seguridad. La ha defendido Fernández Díaz, que ha acusado a Colau de no ejercer esa competencia, más allá de las ruedas de prensa. “Usted hizo política contra la Guardia Urbana para ganar votos”. También ha justificado la propuesta para que alguien se pueda centrar en el día a día de las políticas de seguridad. CiU y Ciutadans se han mostrado a favor, al igual que ERC, lo que resulta significativo del aparente hielo creado entre los republicanos y Barcelona en Comú.

LAMENTO DE ERC

El republicano Jordi Coronas ha elogiado a Recasens pero ha recalcado que no puede ser responsable político por no ser un cargo electo. Coronas ha lamentado que aunque la propuesta haya sido aprobada por la mayoría no va a ser puesta en práctica por el equipo de gobierno –no es vinculante-.

El PP y CiU han protestado por la presencia de carteles a favor de la libertad del mantero que agredió a un agente en los asientos de la CUP. Entre los anticapitalistas, el concejal Josep Garganté lucía una camiseta con una figura de Micky Mouse con la cara de Colau, las palabras Ada Colau Alcaldesa de Barcelona y encima las siglas ACAB, que se corresponden con la mención a la líder de Barcelona en Comú pero también a un lema antipolicial en inglés: All Cops Are Bastards (todos los policías son unos cabrones)

También CiU ha pedido, mediante una ruego que ha defendio Trias, la creación de una concejalía de Prevención y Seguridad. Colau ha rechazado la propuesta, ha dicho que asume la seguridad como una responsabilidad prioritaria y que hubiera podido evitarlo pero ha preferido darle el máximo rango al área: “Funciona y no veo motivo para cambiarlo”.

CENTROS CANÁBICOS

El pleno ha aprobado definitivamente el plan especial urbanístico para regular las asociaciones canábicas, que, como avanzó este diario, amnistió a los centros que ya existen y que se encuentran a menos de 150 metros de equipamientos que frecuenran menores: escuelas, bibliotecas, centros deportivos. Aplicar esa prevención, que CiU previó en el último mandato, supondría el cierre de 112 de los 123 centros existentes. La regulación ha sido aprobada con el voto contrario de CiU y el PP, la abstención de Ciutadans y el apoyo del resto de grupos.