El aumento del 31% de los robos en Barcelona dispara el clamor contra la impunidad de los ladrones

Hace ya meses que colectivos de vecinos, comerciantes y del sector turístico alertan sobre el aumento de la inseguridad que se vive en Barcelona, percibido mucho antes de que lo constaten vertiginosamente las estadísticas oficiales. Han reclamado por activa y por pasiva más recursos policiales. Pero el incremento disparado de los hurtos que azota a la capital catalana les lleva ahora a exigir más medidas con las que taponar la herida. Defienden que ir al fondo del problema por la vía judicial, con cambios en el código penal que permitan endurecer las condenas a los multirreincidentes. Impedir que los delincuentes vuelvan a la carga a la salida del juzgado, donde pagan meras multas por delinquir, con una "total impunidad" que les libra de la cárcel. Así lo han expresado justo antes de la Junta de Seguridad que se celebrará hoy.

Los últimos datos oficiales han sido la gota que colma el vaso:  un aumento del 31% en robos violentos durante el primer semestre de este año (del 58,6% acumulado en tres años) y de un 8,33% más de hurtos respecto a hace un año.

Los robos violentos aumentaron un 30% en Barcelona en el primer trimestre del año

La situación ha emporado notablemente desde julio del 2017, cuando el Tribunal Supremo interpretó restrictivamente la agravación de las penas de hurto aprobada en el 2015. De acuerdo con esa reforma, apropiarse de algo ajeno sin usar la violencia e intimidación se castiga con multa si lo sustraído no supera los 400 euros. Pero en el caso de que el ladrón sea multirreincidente (al menos tres condenas firmes en los seis meses previos), la pena pasaba a ser de tres años de prisión. El alto tribunal entendió que ese salto en la condena no podía aplicarse cuando los antecedentes sean por delitos leves como el caso de los carteristas. Por ejemplo, otros hurtos de 400 euros. A su juicio, es necesario que se trate de delitos denominados menos graves, que sí conllevan prisión a partir de tres meses, como los hurtos de más valor.

"El poder legislativo y el poder judicial no están siendo capaces de dar respuesta a un fenómeno enquistado en nuestra sociedad: el hurto multirreincidente. Ello provoca inseguridad y pérdida de confianza en la justicia. A pesar de los últimos avances para frenar el denominado 'carterismo'", como son la transformación de las faltas en delitos leves y su ingreso en el registro de antecedentes penales, lo cierto es que el garantismo del proceso deja muchas zonas de impunidad, especialmente a quien ha hecho del hurto su profesión", afirma Andrés Maluelda, del despacho Molins.

Leyes más claras

El también abogado Alessio Castellano, del despacho Zegrí, cree que esta interpretación restrictiva del Supremo dejó "prácticamente sin efecto" la reforma del 2015. A su entender, sería necesaria una redacción más clara del artículo del Código Penal que regula el hurto de menos de 400 euros para que "se pueda aplicar, de forma escalonada, pena de prisión a los delincuentes habituales, cuya severidad se mida en función del nivel de reincidencia". Este letrado explica que "a causa de la inseguridad ciudadana que padece nuestra ciudad y otras, se está promoviendo por parte de algunos colectivos, como la Associació Amics del Passeig de Gràcia, y otras entidades una reforma procesal que dé respuesta a esta situación".

Los comerciantes, en primera línea de calle, son los grandes observadores del fenómeno. Los hurtos y robos afectan a todos, pero se ceban especialmente con los turistas. En el centro de Barcelona se ha ido denunciando esta situación, pero tratando de no ahuyentar y alarmar a los viajeros. Pero la presencia de estos delincuentes es ya "dramática", sentencia Gabriel Jené, presidente de la red de ejes comerciales Barcelona Oberta, que junto con los hoteleros han lanzado un SOS, cansados de llamar a diario al 112 para denunciarlo. 

El presidente de los comerciantes del paseo de Gràcia, Luis Sans, es uno de los que se han reunido con representantes del ámbito judicial y de Interior. "Ha llegado el momento de admitir que la situación está descontrolada", apunta. Aunque también han aumentado las detenciones por robos violentos (43,5% en un año), estas se quedan en nada en la medida en que los delincuentes "se sienten impunes" porque evitan la prisión. Los ladrones suelen pagar las multas por hurtos.

Reuniones con Batlle

Albert Batlle, el nuevo quinto teniente de alcalde de Seguridad del ayuntamiento -una figura de mucho más peso que la del comisionado nombrado por Ada Colau en el anterior mandato- es visto por los afectados como un "punto de inflexión" en la crisis que vive Barcelona y que ya es el principal problema para los barceloneses, según el barómetro municipal. El edil se reunió ayer con Sans, pero también vio a siete representantes de numerosos barrios barceloneses unidos como Tsunami Vecinal. Todos compartieron su preocupación por la inseguridad, enfatizando el gran problema de la reiteración delictiva, apunta Manel Martínez, portavoz de este movimiento. Le arrancaron la promesa de diversas mejoras.

Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asumió este jueves, en una entrevista en Betevé, que el problema es judicial y planteó la necesidad de que la Fiscalía se implique en la lucha contra la multirreincidencia, con la creación, por ejemplo, de una fiscalía especial en Ciutat Vella.

Los afectados reclaman más policía para que su visibilidad sea "disuasoria", pero sobre todo en exigir un cambio legislativo que acabe con la impunidad de facto. Barcelona comparte el problema con otras urbes de éxito turístico, como Madrid, Málaga o Eivissa, pero Sans mantiene que aquí el asunto se ha agravado, ante un caldo de cultivo favorable. "En estos años para la alcaldesa la seguridad nunca ha sido prioritaria, hemos perdido Urbana y Mossos, y se han destinado los recursos a otros temas, como la amenaza terrorista y la crisis política", relata.

Colau plantea una fiscalía especial en Ciutat Vella y los comerciantes, juzgados especializados en delincuencia urbana

El Gremi d'Hotels de Barcelona suscribe la misma tesis, desde el desgaste de realizar trámites a diario para facilitar las denuncias a su clientela robada. En los hoteles de más de cuatro estrellas es común tener que acompañar a comisaría varias veces por semana a turistas que aguardan horas de cola, tras serles arrebatados móviles, relojes o bolsos, en la calle o incluso en el interior. En algunos casos, cuenta su director, Manel Casals, se realiza la denuncia en el propio hotel y se envía a la policía, aunque la patronal cree que este trámite debería ser más ágil. "No solo hay un problema grave de seguridad, sino de la imagen que proyecta al mundo Barcelona", añade.

Los hoteles de mayor categoría ven cómo esas malas experiencias llevan a muchos viajeros de EEUU, Canadá, Australia, Japón, Canadá, China y otros clientes importantes a "tachar Barcelona de los sitios a donde volver", apunta un alto cargo de un establecimiento de gran lujo. En este sentido, el comercio reclama también que el Govern dote de más recursos a los juzgados para acelerar los juicios. Piden, que se creen juzgados especializados en delincuencia urbana y se juzguen los casos "en 10 días, como prevé la ley y no en cinco meses, como ahora".